Protocolo de un crimen judicial

Cuando el fiscal ginebrino Yves Bertossa en agosto de 2012 envió un comando policial fuertemente armado para detener a Erwin Sperisen, estaba convencido de que pondría entre rejas a un criminal. Pronto, sin embargo, Bertossa debe haberse dado cuenta de que la investigación enviada desde Guatemala contra el exjefe político de la Policía Nacional Civil estaba plagada de lagunas y de contradicciones flagrantes. Pero cuanto más duraba la prisión preventiva, cuanto más evidentes se volvían las contradicciones, menos podía admitir el fiscal ginebrino de haber caído en una intriga políticas y de haber encarcelado a la persona equivocado. ¡No podía ser lo que no debía de ser! Con la ayuda de jueces comprometidos hasta el cuello y en el nombre de los Derechos Humanos, Bertossa se burla de todos los principios fundamentales del juicio debido. El periodista de Zúrich, Alex Baur, acompañó el caso Sperisen durante varios años. Sus "Protocolos de un crimen judicial" fueron publicados originalmente el libro “La maldición del bien”.

 

Contenido

 

1. La confusión de Ginebra

Una introducción general sobre el juicio contra Erwin Sperisen en Ginebra.

 

El 31 de agosto de 2012, un comando de asalto de la policía cantonal de Ginebra fuertemente armado detiene a Erwin Sperisen en el aparcamiento de un supermercado en pleno centro de la ciudad. El hombre de 42 años se deja llevar sin resistencia. Su angustiada esposa Elisabeth permanece sola en el aparcamiento. En el primer susto, creyó que se trataba de un secuestro. En Guatemala, donde la pareja había vivido antes de mudarse a Ginebra, este habría sido el pensamiento más obvio. ¿Pero aquí en la pacífica Suiza?

Cuando Elisabeth Sperisen finalmente se dio cuenta de que fueron los policías los que se llevaron a su marido por la fuerza de las armas, se sintió aliviada. Debía haber sido un malentendido que pronto se aclararía. En Ginebra, la supuesta capital mundial de la paz y los Derechos Humanos, no, aquí no se secuestran o arrestan personas en la calle sin motivo alguno. Aquí reinan la ley y el orden.

Pero no fue un malentendido, sino una acción planeada desde hace mucho tiempo por el fiscal de Ginebra Yves Bertossa. Durante los próximos cinco años Elisabeth Sperisen sólo veía a su marido una vez a la semana durante una hora bajo estricta vigilancia. Sus tres hijos tuvieron que acostumbrarse a crecer sin su padre, quien era un presunto asesino en masa.

La acusación contra Erwin Sperisen era de tomarse en serio. Como jefe político de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, se dice que ordenó la ejecución extrajudicial de siete prisioneros e inclusive participó personalmente en el acto sanguinario. Según los medios de comunicación, Sperisen habría seguido una verdadera política de "limpieza social", planificando y ordenando sistemáticamente la tortura y la ejecución de delincuentes presuntos o reales. Incluso se escribía de testigos que habrían afirmado que el jefe de policía había participado personalmente en sesiones de tortura y había disparado a prisioneros.

La policía guatemalteca no tiene la mejor reputación. Las acusaciones eran graves, y provenían de una comisión internacional de investigación, la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), que por lo menos a primera vista inspiraba credibilidad. Bajo los auspicios de las Naciones Unidas, se suponía que la CICIG debía poner fin a la corrupción desenfrenada y la anarquía que había dejado en Guatemala una guerra de guerrillas de tres décadas (1960-1996). La mayoría de los investigadores provenían de España y de los países latinoamericanos. Los investigadores internacionales eran financiados principalmente por los Estados Unidos y, en menor medida, por Canadá, Noruega, Suecia y Suiza.

El mismo gobierno de centro-derecha Óscar Berger (2004-2008), al que también pertenecía Erwin Sperisen en la época, había invitado a la organización internacional a entrar en el país en 2007. Un año después, cuando un gobierno de izquierda llegó al poder en Guatemala, de pronto éste instruyó a la comisión internacional a virar sus investigaciones en contra de su predecesor. En 2010, la CICIG, entre otro, acusó de asesinato a cinco altos cargos del gobierno de Berger: Carlos Vielmann (ministro del Interior), Javier Figueroa (comandante de la Policía Nacional Civil), Alejandro Giammattei (jefe del sistema penitenciario) y su adjunto Mario García Frech, así como a Erwin Sperisen, jefe político de la fuerza policial. Se dice que todos ellos habían conspirado para ordenar unos asesinatos al más alto nivel del gobierno.

El tema principal de la investigación de la CICIG fue una redada en la prisión de Ciudad de Guatemala en septiembre de 2006, en la que siete prisioneros murieron a tiros durante la acción. En la época, la prensa guatemalteca había reconocido unánimemente que la redada fue un éxito en la lucha contra el crimen organizado. Nadie parecía interesarse por los muertos. Según la versión oficial, los siete prisioneros habían caído en un tiroteo. Sin embargo, hay indicios serios, al menos en algunos de los casos, de que fueron ejecuciones. No hubo heridos entre las fuerzas del orden, pero los siete prisioneros murieron en el acto. Esto parece por lo menos extraño, ya que la fiscalía encontró armas de fuego y granadas de mano junto a los cuerpos. La sospecha de un montaje se impone.

De hecho, las primeras investigaciones de los fiscales guatemaltecos, según las cuales los prisioneros murieron durante el intercambio de disparos, parecen poco convincentes. Los fiscales estuvieron presentes en la redada desde el principio y entraron en acción poco después del tiroteo. Pero el trabajo forense y la autopsia de los cadáveres resultó ser rudimentaria para no decir negligente. Los pocos testimonios de los testigos eran superficiales y plagados de lagunas. Después de todo, había fotos de los cadáveres, de pésima calidad, por cierto. Estas muestran heridas de bala que no encajan con un combate, pero sí con ejecuciones. Las marcas de presión en las muñecas de un preso difunto indican que había sido atado antes de morir.

Los siete muertos, entre los que destacan el narco colombiano Jorge Batres y el gánster Luis Zepeda, lideraban la jerarquía criminal dentro de El Pavón. Tendría sentido eliminarlos para obtener el control a largo plazo de la prisión. También encajaría con el informe del enviado de la ONU Philip Alston, quien ya había informado de rumores de "ejecuciones extrajudiciales" antes del caso El Pavón. La lucha contra la delincuencia fue la promesa electoral más importante de Óscar Berger. ¿Quería el gobierno combatir el crimen con el crimen? Uno pensaría que era un caso evidente. Pero solo a primera vista.

En 2010, en Guatemala la CICIG completó sus investigaciones sobre el caso El Pavón. El Director General Giammattei y su adjunto García Frech fueron arrestados en Guatemala y llevados ante la justicia. Al mismo tiempo, se enviaron solicitudes de asistencia jurídica a España, Austria y Suiza. El ex ministro del Interior Vielmann vivía ahora en Madrid. Como también tenía la ciudadanía española, no pudo ser extraditado a Guatemala. Lo mismo ocurrió con el ex jefe de policía Sperisen, quien vivía con su esposa y sus tres hijos en Ginebra. Gracias a sus antepasados, posee un pasaporte suizo. Por último, el comandante Figueroa no pudo ser trasladado a su país de origen porque había solicitado asilo político en Austria.

Estas implicaciones internacionales hacían el caso ya por si delicado aún más complejo. Pero se decidió armar un caso piloto que debería dar una señal a todo el mundo: ¡Ningún crimen de estado queda impune, pase donde pase! La comunidad internacional no ahorró esfuerzos para mostrar que para los asesinos uniformados, no hay refugio seguro en este planeta.

Desde la primera Convención de Ginebra (1864), se han realizado esfuerzos para perseguir los delitos políticos a nivel internacional. Al inicio se trataba de los derechos de los prisioneros de guerra y de suprimir armas crueles como el gas toxico. Con los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional se amplió a la protección de la población civil. Los juicios del caso Pavón, que se iniciaron simultáneamente en Guatemala, España, Austria y Suiza, fueron un paso más allá: Las violaciones de los Derechos Humanos en tiempo de paz también serian castigadas internacionalmente. Una red mundialmente entrelazada de abogados, activistas de ONG y políticos desempeñó un papel central en este proyecto, ejerciendo una presión considerable a ambos lados del océano Atlántico.

Las perspectivas de éxito parecían buenas, al menos al principio. Hubo testigos que incriminaron a los acusados. Fueron llevados de un juicio a otro dando la vuelta al planeta. El esfuerzo fue enorme. Nunca hubo escasez de dinero ni de abogados. Sin embargo, la acusación supuestamente clara perdió todo perfil a lo largo de los años, como un castillo de arena seco en el viento, hasta perderse en la incertidumbre total.

Primero fueron absueltos el jefe del sistema penitenciario Giammattei y su ayudante García Frech en Guatemala. Luego el comandante de la policía Figueroa fue liberado de culpa y castigo en Austria, y finalmente también el ministro del Interior Vielmann en España. Las supuestas pruebas de la CICIG fueron refutadas por inverosímiles, los testimonios de todos los principales testigos resultaron ser contradictorios, a menudo incluso grotescos.

Después de media década de litigios, sólo quedaba un conspirador: Erwin Sperisen en Ginebra. Un segundo actor al nivel de mando no quedaba a la vista. Pero una conspiración siempre requiere al menos dos. ¿Acaso Sperisen había conspirado consigo mismo? Nunca se le acusó de padecer esquizofrenia.

Pero los ginebrinos no podían admitir que Sperisen se marchara luego de haber estado privado de libertad durante cinco años en detención preventiva en aislamiento casi total. Hubiera sido una vergüenza colosal para todo el aparato judicial de Ginebra. Así que los jueces condenaron a los cuatro ausentes junto con Erwin Sperisen, sin que hubieran sido formalmente acusados en Ginebra, sin que pudieran defenderse - y a pesar de que habían sido absueltos por el mismo asunto basado en la misma investigación en Guatemala, Austria y España.

Nunca antes hubo algo comparable en Suiza. Los juicios fueron farsas, como se podría haber imaginado Franz Kafka o podrían ocurrir talvez en algún lugar remoto del Tercer Mundo, pero, por favor, no en Ginebra, en el corazón de Europa. Ninguna de las sentencias reveló la contribución concreta de Erwin Sperisen al crimen. De alguna manera, en algún momento se suponía que había ideado algún plan de asesinato con alguien.

Inicialmente se acusó a Sperisen de haber ejecutado personalmente a prisioneros. Durante el juicio se modificaron los cargos para que se señalara su participación solo como autor intelectual. Al final, el fiscal terminó acusándolo de no haber impedido el crimen de otro presunto autor – un autor, que había sido absuelto desde hacía mucho tiempo del mismo cargo en base de la misma investigación en el vecino país de Austria.

El 26 de septiembre de 2017, exactamente once años después de la redada en El Pavón, el Tribunal Supremo Federal suizo puso fin temporalmente a la tragedia y ordenó la liberación inmediata de Erwin Sperisen. Durante cinco años, tres semanas y un día, el padre de familia y ex jefe de policía había estado vegetando en detención preventiva, encarcelado durante 23 horas al día en una celda de aislamiento de 9,4 metros cuadrados como un animal en un zoológico prehistórico, sin sentencia legalmente válida, es decir, inocente.

El hombre pálido con la barba desgreñada, sus ojos llorosos parpadeando inciertos a la luz del sol, sus manos temblorosas en busca de apoyo, que en otoño de 2017 salió de la prisión preventiva de Champ Dollon ante las cámaras de la televisión en marcha, no era más que una sombra de sí mismo. Y algunos comenzaron a sentir: El crimen de Estado no se cometió en algún lugar de la lejana Guatemala, no, se cometió aquí, en Ginebra, en nombre de los Derechos Humanos.

Qué simbolismo. Ginebra se considera a sí misma como la cuna de los Derechos Humanos. Desde el reformador Jean Calvin al humanista Jean Jacques Rousseau pasando por Henry Dunant, el padre de la Cruz Roja, la ciudad ha producido algunas figuras de talla mundial. Desde la fundación de la Cruz Roja (1863) y de la Sociedad de las Naciones (1920), Ginebra ha sido sede de numerosas conferencias internacionales de paz. Varios organismos de la ONU - el Consejo de Derechos Humanos, la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) - están domiciliadas aquí. Pero fue precisamente en Ginebra donde se pisotearon los principios más sencillos del estado de derecho. Según el fallo del Tribunal Supremo Federal de 2017, los juristas ginebrinos habían hecho caso omiso a todas las normas fundamentales de derecho, desde el principio de acusación, la presunción de inocencia hasta la prohibición de la arbitrariedad, el proceso debido y el derecho a ser escuchado.

El caso Sperisen fue diseñado como un proceso piloto para los libros de historia. Fue el punto de partida de un proyecto que se ha estado llevando a cabo entre bastidores en Ginebra desde hace años y a todos los niveles posibles: Una especie de fiscalía mundial bajo los auspicios de la ONU, que lleva a juicio los delitos políticos capitales en todo el mundo y pone entre rejas a sus autores. El resultado fue una decepción mayor. Rara vez un juicio ha demostrado con tanta claridad la fragilidad de la justicia y los límites de la jurisdicción internacional.

Desde sus oficinas en Ginebra el fiscal Yves Bertossa y sus asistentes querían imponer el orden público en la lejana América Central. Aunque nunca antes habían puesto un pie en Guatemala, los abogados de Ginebra pensaron que conocían el país mejor que los guatemaltecos. El jefe de policía de una república bananera¹, tal vez se habrán dicho entre si, jamás es inocente. Pero los juristas de Ginebra se equivocaron. En lugar de juzgar, se dejaron llevar por sus prejuicios. "La república bananera no está en los trópicos", exclamó el parlamentario y oficial de policía ginebrino Thierry Cerutti tras el veredicto del Tribunal Federal, "sino al borde de los Alpes.” El Consejo de Estado de Ginebra indignado rebajó a Cerutti de brigadier al rango de subbrigadier por insultar al poder judicial, lo que sin embargo también puede entenderse como una confirmación de su crítica acida.

El caso Sperisen no trata sólo de un sospechoso que tuvo que ser liberado después de cinco años de detención preventiva in dubio pro reo, porque no hubo suficientes elementos probatorios para una condena. El fiscal Yves Bertossa hizo de todo para manipular la investigación, a pesar que debe haberse dado cuenta muy pronto de que no podía confiar en sus testigos. Pero Bertossa quiso dar ejemplo a cualquier precio. Así que simplemente ignoró lo que no encajaba en su concepto. Cuando la tesis de acusación se derrumbó, simplemente armó una nueva de los escombros. Y, quizás lo peor de todo, no había nadie que lo frenara. Los tribunales protegieron las maquinaciones de Bertossa durante años a través de todas las instancias. Si se considera como un crimen jurídico, fue un crimen colectivo con muchos actores.

Fiscales que se aferren a un caso y abusan de su poder no es nada nuevo bajo el sol. Para esto están los jueces que los controlan. Al principio, los jueces de Ginebra podían haber creído que estaban haciendo algo bueno al cubrir a Bertossa. Pero en algún momento deben haberse dado cuenta de que nada encajaba y que estaban involucrándose en un crimen judicial. Pero en este momento ya era tarde, ya no había vuelta atrás. La vergüenza de admitir un error de juicio capital, el miedo de perder la cara era simplemente demasiado grande. Al final, era sólo cuestión de salvar su propio pellejo.

Sin embargo, la fatal dinámica de grupo por sí sola no explica la farsa jurídica de Ginebra. Detrás de esto hay un fenómeno que ha tomado rasgos epidémicos, particularmente en América Latina. En los Estados Unidos se habla de Lawfare, una fusión entre "ley" (law) y "guerra" (warfare): una interpretación manipuladora y excesiva de figuras legales que pervierte la ley en un arma política. La meta principal no es necesariamente una sentencia final condenatoria, sino a menudo el propio procedimiento ya cumple con el objetivo. Este objetivo es desangrar financieramente al adversario político, atar sus fuerzas, dañar su reputación social y, por lo tanto, silenciarlo o ponerlo entre rejas.

El juicio monstruoso contra Erwin Sperisen y la élite del anterior gobierno de Guatemala es un caso clásico de Lawfare. Se dice que el jefe de policía Sperisen cometió crímenes para combatir el crimen. Exactamente esta acusación recae ahora sobre los fiscales y jueces de Ginebra. Para expiar un presunto crimen de Estado, cometieron un crimen de justicia.

Pero no es solo esto. El que pone a un inocente entre rejas encubre al culpable y se convierte en su cómplice. Ya que una cosa queda bien clara: los siete prisioneros no se suicidaron.

 

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2. Disparo que no deja herida

A pesar de que se ve muy pronto que las acusaciones contra Erwin Sperisen son plagiadas de testimonios falso y contradicciones, el fiscal Yves Bertossa insiste. Hay antecedentes personales y políticos que explican esta persecución irracional.

El fiscal Yves Bertossa es un hombre discreto, que prefiere actuar entre bastidores. Las apariciones públicas no son lo suyo. Si éstas no se pueden evitar, habla rápido y de voz baja, casi susurrando y mecánicamente, evitando el contacto directo. Su rostro pálido, siempre serio, apenas permanece en la memoria. Si uno se encontrara con él en el tranvía de Ginebra apenas lo reconocería. La vida privada de Bertossa no es digna de mención, ni siquiera en la pequeña, chismosa y manejable Société ginebrina, donde todo el mundo parece conocer a todo el mundo.

"Un apellido ya lo tiene", corrió la voz en Ginebra cuando Yves Bertossa se incorporó a la fiscalía en 2007, "ahora solo le falta un nombre de pila." Era una alusión a su padre, Bernard Bertossa, ex Fiscal General (1990-2002). Papá Bertossa, sí era un personaje legendario y extravagante. A diferencia de su introvertido hijo, buscaba el gran espectáculo público, le encantaban los micrófonos y las cámaras de televisión.

La carrera del Fiscal General Bernard Bertossa estuvo salpicada de acciones anunciadas con grandiosidad que con terca regularidad terminaban en un caos. El clímax fue sin duda la detención de Augusto Pinochet en octubre de 1998. El envejecido general, que había gobernado a Chile con mano dura entre 1973 y 1990, se encontraba en Inglaterra para una estancia hospitalaria. Junto con el investigador estrella español Baltasar Garzón, un viejo amigo y compañero de partido socialista, Bernard Bertossa aprovechó la oportunidad para emitir una orden de arresto internacional contra el exdictador chileno. Pinochet fue puesto temporalmente bajo arresto domiciliario en Londres, pero los británicos no lo extraditaron, ni a Madrid ni a Ginebra. Incluso en su tierra natal, Pinochet nunca fue acusado, aunque no faltaron los intentos.

El caso Pinochet podría haber sido una advertencia. A primera vista, la idea de una fuerza policial mundial en Ginebra puede parecer encantadora. Durante el gobierno militar en Chile (1973 a 1990), 2296 personas² fueron supuestamente asesinadas por razones políticas. La mayoría de las víctimas pertenecían a la oposición izquierdista. Es indudablemente indignante que todos estos asesinatos queden impunes. Sin embargo, si se mira el asunto con la cabeza fría, un juicio de Pinochet en Europa habría sido más una amenaza que una bendición para el Estado de Derecho. No existe un fundamento jurídico para ella. Con el intento de llevarlo al viejo ex dictador ante un juez en Europa, se dobló y retorció la ley.

Primero, nunca se pudo demostrar que Pinochet ordenó los crímenes. El general nunca tuvo el poder absoluto en Chile. Hasta el día de hoy, nunca apareció una orden de asesinato o de tortura emitida por Pinochet. Uno puede objetar que la culpa era simplemente obvia. Pero en un juicio debido “obvio” no es un argumento válido. Durante el golpe de Estado de 1973, cuando se cometieron la mayoría de las violaciones de Derechos Humanos en Chile, prevalecieron condiciones caóticas. La violencia política tampoco era ajena al derrocado Salvador Allende y a muchos de sus partidarios.

Para un ex dictador, sin embargo, se aplican los mismos principios del estado de derecho que para cualquier otro ciudadano: la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario; en caso de duda, el acusado debe ser considerado inocente; no existe culpabilidad colectiva ni heredada. Quien quiera que anule estas normas sagradas del derecho penal para encarcelar a un odiado opositor político está encarcelando al mismo tiempo al Estado de Derecho, al que finge de proteger.

El otro obstáculo para un proceso de Pinochet en Europa era el llamado principio territorial. Eso puede sonar a jurisprudencia seca. Pero hay buenas razones por las que un sospechoso siempre debe ser llevado ante la justicia en el país donde se cometió el delito de acuerdo con las leyes³ vigentes en él. La justicia penal ya de por si es un arte difícil y frágil, con muchas trampas en su propio territorio. En casos complejos en países lejanos y extranjeros, sistemas legales y culturas, se ve rápidamente abrumado sin remedio.

Si encima de todo entra en juego un componente político, la arbitrariedad está casi programada. Era de arrogancia colonial juzgar la política chilena desde Madrid o Ginebra y darle una lección histórica ex cátedra al pueblo chileno. Los fiscales y jueces en Europa simplemente no estaban en condiciones de calificar los complejos procesos históricos, políticos y sociales en Chile de manera concluyente, justa y terminante. La historia es sujeta a revisiones permanentes, pero un fallo jurídico es terminante. Una absolución de Pinochet habría sido tan arbitraria y falsa como un veredicto de culpabilidad.

Ya el 11 de septiembre de 1980, una clara mayoría del pueblo chileno (67%) había aprobado una constitución que preveía el retorno gradual a la democracia (esta constitución sigue vigente hasta la actualidad, sea dicho de paso). Aunque Pinochet intentó posteriormente cambiar las reglas, un plebiscito le impidió hacerlo. En 1988, el 54,71% de los chilenos se pronunció en contra de que el régimen permaneciera en el poder y a favor del retorno a la democracia. El resultado relativamente escaso da una idea del dilema que hay detrás.

Pocos países de América Latina (y de Europa) tienen una tradición democrática más antigua que Chile. El régimen de Pinochet fue una excepción en la historia del país, que eligió a su primer presidente en 1827. De todos modos, el desmantelamiento de la democracia estaba muy avanzado cuando la junta militar encabezada por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 derrocó al gobierno elegido de Salvador Allende. El confieso marxista Allende y sus aliados comunistas habían arrojado al país a una crisis institucional y económica que Chile apenas había experimentado antes. El golpe de Estado fue de una brutalidad horrible. Pero Pinochet sacó al país del caos y renunció en 1990 como mandaba la ley.

Muchos chilenos -incluyendo muchos que votaron en contra de Pinochet en 1988- vieron en la dictadura un mal menor e inevitable que los salvó de algo peor. La ambigüedad chilena ante la dictadura puede parecer alienante para un demócrata de afuera. Pero no le corresponde a un fiscal de Ginebra educar al pueblo chileno. Cuando Bernard Bertossa anunció la detención internacional de Augusto Pinochet en 1998, Chile hace tiempo había vuelto a una democracia sólida. El propio poder judicial chileno habría sido capaz, y de hecho obligado en el caso de tener pruebas suficientes, a arrastrar al viejo general a los tribunales si hubiera existido una base sólida para ello.

Durante su mandato, Bernard Bertossa también abrió toda una serie de procedimientos contra oligarcas y políticos rusos que habían valorado el discreto centro financiero de Ginebra y que lo habían utilizado con entusiasmo. El arresto del ex jefe del Kremlin, Pavel Borodin, en 2001, es un ejemplo entre varios. Causó gran revuelo, terminó en un fracaso judicial. Bertossa nunca pudo obtener una condena en ninguno de estos espectaculares juicios, que por lo general duraban años.

Si se examinan más de cerca los casos, rara vez quedaba claro dónde se encontraron el bien y el mal. Siempre existió la sospecha de que el poder judicial de Ginebra desempeñaba el papel del tonto útil para un partido u otro en las luchas de poder entre oligarcas. Lo que quedó al final fueron los campos de batallas legales fueron montones enormes de escombros, en su mayoría asociados con considerables daños colaterales humanos y financieros.

De vez en cuando, al menos se llegó a un acta de acusación. En 1998, Bernard Bertossa llevó al supuesto patrón de la mafia rusa, Sergei Mikhailov, ante el tribunal de jurados de Ginebra. El hombre de negocios había pasado dos años en la prisión preventiva de Champs Dollon. Sin embargo, las pruebas que Bertossa presentó al jurado eran deplorables, para no decir una burla. Una plétora de rumores y especulaciones contrastaba con una flagrante falta de evidencias. Después de diez días, el jurado absolvió al ruso, no por las dudas sobre su culpabilidad, sino porque no había pruebas concretas en su contra. El cantón de Ginebra tuvo que pagar a Sergei Mikhailov unos 800.000 francos suizos en concepto de indemnización por daños y perjuicios. La detención preventiva había resultada injustificable. El caso Mikhailov fue la gota que hizo derramar el vaso y marcó el comienzo del fin de la era Bertossa.

La carrera de Bernard Bertossa en Ginebra terminó en 2002 con un mayor escándalo. Un periodista que solía cooperar estrechamente con la fiscalía intentó chantajear a un empresario ruso. Los pormenores del escándalo que se resolvió discretamente, nunca salieron a la luz. Curiosamente, la reputación del fiscal Bertossa quien había sido distinguido con varios doctorados honoríficos y otros premios, no ha sufrido daños duraderos. Siempre logró a justificar sus fracasos notorios con la supuesta sofisticación particular de la delincuencia internacional. Bernard Bertossa luego fue promovido como juez el Tribunal Penal Federal. Sus ayudantes Paul Perraudin y Laurent Kasper-Ansermet fueron premiados con puestos jugosos en la Oficina del Fiscal Federal de Suiza y la ONU respectivamente. Y no era la primera vez, sea dicho de paso, que en Suiza se resuelve un fracaso con ascensos. Al contrario, la práctica goza de cierta tradición.

En 2002, el Fiscal General Daniel Zappelli (del partido radical-liberal, es decir conservador) es elegido y se ocupa de la moderación. Pareció como si hubiera prevalecido la comprensión de que no todos los problemas del mundo podrían resolverse desde Ginebra. Los fiscales se concentraron de vuelta en poner entre rejas a los ladrones, atracadores, violadores, estafadores o asesinos domésticos. El poder judicial de Ginebra desapareció de la escena internacional durante una década. Con una excepción.

La libreta del partido socialista parecía a primera vista lo único que el hijo Yves Bertossa compartía con su padre Bernard cuando se incorporó a la fiscalía de Ginebra en 2007. Pero de pronto resultó ser una equivocación. Apenas ocupado su nuevo cargo, Bertossa Junior escenificó un espectáculo jurídico penal que podría haber armado por su padre y que le aseguró titulares internacionales: mandó detener a Aníbal Gadafi, hijo del famoso déspota libio, junto a su esposa, embarazada en estado avanzado. Los Gadafi fueron acusados de encerrar y abusar de sus sirvientes como esclavos en su cuarto de hotel ginebrino. Pero la acción judicial, que fue propagado por los medios de comunicación e integrada en una campaña sindical contra la explotación del personal diplomático, resultó ser un tiro por la culata. Ante el hecho (entre otros) de que las habitaciones de hotel también en Ginebra siempre se pueden abrir desde el interior (por razones de seguridad contra incendios), la pareja Gadafi fue liberada después de un fin de semana en prisión. Se suspendió el juicio. Para la diplomacia suiza, el caso Gaddafi terminó en un mayor desastre. El gobierno suizo tuvo que dirigirse al déspota y disculparse públicamente de rodillas por la molestia vergonzosa que le había causado la detención de su hijo y de su nuera.

En consecuencia, durante algunos años, el ambiente se tranquilizó. Los Bertossas parecían haber desaparecidos del mapa de Ginebra. Hasta que, en 2011, el Fiscal General Daniel Zappelli fue derrocado por supuesta "falta de liderazgo" de su cargo luego de una campaña sucia por sus propios subordinados. En el mismo año, Yves Bertossa fue ascendido a Primer Fiscal. Pronto tuvo la oportunidad de compensar todas las amargas derrotas de su padre y las suyas propias: el caso Erwin Sperisen, preparado por TRIAL.

TRIAL es una típica ONG de izquierda tercermundista con sede en Ginebra. Bernard Bertossa se encuentra entre sus fundadores. Se dedica a la persecución de delitos políticos en todo el mundo. En teoría, TRIAL es una organización no gubernamental de derecho privado. Pero en realidad, la ONG está estrechamente vinculada a las instituciones estatales. Opera en la penumbra legal entre la política y la administración. TRIAL se ve a sí mismo como una especie de fiscalía privada global que actúa como mediador entre los fiscales a nivel informal sin tener en cuenta las fronteras nacionales ni los procedimientos legalmente establecidos en cada país. En general actúa entre bambalinas, pero a veces interviene públicamente en los procedimientos a través de sus propios abogados de querellantes particulares.

Lo que el TRIAL le presentó en bandeja de plata en el verano de 2012, hizo que el corazón de Yves Bertossa latiera más rápido. La ONG había traído a un testigo de Guatemala que afirmaba haber visto con sus propios ojos cómo el jefe de policía Erwin Sperisen disparó con una pistola en la cabeza de un preso indefenso durante la redada a El Pavón en Guatemala en 2006.

Ahora bien, hubo algunas circunstancias que al menos deberían haber despertado sospecha. La historia era demasiado buena para ser cierta. Cientos de actores de todas las ramas de las fuerzas del orden y decenas de periodistas estuvieron en el lugar para seguir la redada en El Pavón. ¿Estaba el jefe político de policía tan loco como para disparar a un prisionero delante de esta muchedumbre de testigos? Además, el presunto testigo clave Philippe Biret no era precisamente un monaguillo. En 1992, fue condenado a 35 años de prisión en Guatemala en el famoso caso “Chez Pierre” por el asesinato de una pareja de franceses que llevaba un restaurant en la ciudad capital. El asesino había sido capturado en flagrancia cuando intentó retirar el dinero de las víctimas de una cuenta bancaria. Aunque la sentencia del tribunal excluía explícitamente la libertad anticipada, Biret fue liberado a principios de noviembre de 2007, después de sólo quince años. Todo indica que la liberación fue la recompensa por su testimonio contra Sperisen. No es nada fácil imaginarse un asesino destinado a purgar todavía 20 años en una prisión guatemalteca que rechazaría tal oferta.

Erwin Sperisen ya se había puesto en contacto con la fiscalía de Ginebra en 2008, de forma voluntaria nota bene, ofreciendo su cooperación incondicional. Una acusación en el caso de El Pavón no estaba en vista aún. Las acusaciones eran muy diferentes y luego fueron retiradas por ser evidentemente infundadas. Ya entonces - volveremos al tema - todo olía de manera penetrante a una maquinación política.

Cuatro años más tarde, cuando Yves Bertossa mandó arrestar a Erwin Sperisen en el parqueadero de Ginebra, como si fuera un gánster atrapado in flagranti, el fiscal supo dónde vivía. Bertossa podría haber ordenado simplemente al hombre que fuera a su oficina o podía recogerlo en su casa. Nunca hubo un motivo para que Sperisen escapara. En Ginebra, el ex jefe de policía, que también tiene nacionalidad suiza, estaba más seguro que en cualquier otro país. Si Sperisen hubiese salido del territorio suizo, fácilmente era extraditado a Guatemala donde le esperaba la misma investigación. El arresto público con el comando de asalto fue puro espectáculo. Y este espectáculo policial encajaba perfectamente en el cuadro de una investigación penal, cuyo resultado ya se había determinado antes de que se iniciara a investigar realmente.

No obstante, Bertossa debe haberse dado cuenta a más tardar después del segundo interrogatorio de Biret: Su supuesto testigo clave mintió descaradamente. Según el testimonio de Biret, Sperisen había disparado a un prisionero en la cabeza. Pero ninguno de los cuerpos tenía heridas que de alguna manera coincidieran con esta afirmación. Ni el calibre de las balas -que caben en un rifle, pero no en una pistola-, ni la hora, ni el lugar de la supuesta ejecución pudieron conciliarse con los hechos establecidos. Según Biret, el disparo de pistola a la cabeza con la bala de rifle, que no dejó heridas en la cabeza, debería haber tenido lugar por la tarde. Sin embargo, las grabaciones de vídeo demuestran de manera incontestable que los prisioneros estaban muertos cuando Sperisen apareció en la escena del crimen en la mañana en cuestión.

Para un fiscal normal, esto es el momento en que libera a un sospechoso de la detención preventiva. Con un testigo clave como Biret, no se puede ganar ningún juicio en un régimen de derecho que funciona debidamente. Bertossa optó por una variante diferente. Dejó que el padre de familia siguiera en prisión, para luego de medio año ofrecerle un trueque: Si Sperisen incriminaba a Carlos Vielmann, el ministro del Interior en la época, se le dejaría libre con una condena simbólica. Como se verá más tarde, toda la investigación de la CICIG en Guatemala se basó en este tipo de acuerdos secretos con testimonios comprados, que son ilegales bajo la ley suiza tanto como el arresto coactivo. Ni siquiera la ley guatemalteca permitía este tipo de chanchullos en la época. Sperisen rechazó la oferta, insistiendo en su inocencia.

Los fiscales en España se habían abstenido de poner al ex ministro Vielmann en detención preventiva. Tampoco había ninguna razón para hacerlo. Si hubiera salido a un país extranjero, habría sido extraditado a Guatemala inmediatamente. Un arresto domiciliario fue suficiente. Pero Yves Bertossa jugaba al póquer de máximo suspenso: o todo o nada.

Ya con el espectáculo del arresto Bertossa se había puesto bajo presión a sí mismo. Si fracasaba con este caso, todo iba a recaer sobre él. Después del fallido chantaje, definitivamente no hubo vuelta atrás para él. Bertossa no se podía permitir otro fiasco. Sin aliados, no obstante, Yves Bertossa nunca habría logrado encarcelar a Erwin Sperisen en una celda de aislamiento durante cinco largos años de detención preventiva.

El sistema de justicia de Ginebra es pequeño y manejable. Todo el mundo se conoce en esta ciudad fronteriza e internacional de solo 200.000 habitantes que es gobernado por un círculo muy reducido de ciudadanos antiguos. Estudiaron juntos, compartieron sus picardías y amorcillos de jóvenes, los encuentros personales son inevitables en la vida social y cultural de la pequeña ciudad. En el curso del proceso, de pronto los jueces-compañeros-amigos, quienes habían confirmado las órdenes de detención de Bertossa, también se vieron involucrados hasta los codos. En fin, todos se encontraron sentados en el mismo barco. En caso de naufragar se joderían todos. Mientras que más contradicciones surgían, más grotescas fueron las excusas, los intentos de mejora y las explicaciones. Más frágil la acusación de la fiscalía se ponía, más obstinadamente el fiscal Bertossa y sus jueces cómplices se aferraban a ella.

 

^ 3 Los crímenes de lesa humanidad estrechamente definidos que pueden ser acusados en cualquier parte del mundo son la excepción; en el caso Pinochet, sin duda alguna no se cumplieron las condiciones.

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3. Teorías de razas

El fiscal Bertossa y sus jueces cómplices en Ginebra se dejan guiar por la teoría del blanco que oprima sin escrúpulos la población mayormente indígena de Guatemala. Bajo este concepto desatan una caza de brujas sobre todo la familia Sperisen, incluyendo sus hijos, su esposa y hasta su padre en una especie de persecución colectiva.

Inicialmente, seguí el juicio contra Sperisen sólo desde lejos⁴. El caso fue reportado esporádicamente en los medios de comunicación guatemaltecos y suizos. Los informes eran muy parecidos, nunca entraron en detalles. De vez en cuando se percibía una ligera incomodidad, pero nadie se atrevía a profundizar realmente la materia evidente complicada. Debido a una serie de investigaciones y reportajes anteriores, yo estaba razonablemente familiarizado tanto con la justicia de Ginebra como con la realidad de Guatemala para entender que las cosas no eran tan simples como parecían. Pero la experiencia me había enseñado también que era casi imposible hacer un trabajo periodístico justo y adecuado en un caso judicial tan complejo.

Inocentes en prisión se venden muy mal. En la cárcel, todo el mundo afirma su inocencia. El poder judicial suizo goza de un alto nivel de confianza. A la mayoría de la gente sólo le interesan las sutilezas del estado de derecho cuando ellos mismos están enlodados en él hasta el cuello. Confiaba en que el poder judicial de Ginebra encontraría una solución para salirse de esta confusión a más tardar en la segunda instancia. Estaba equivocado. En julio de 2015, el Tribunal Penal de Ginebra confirmó la condena contra Sperisen.

La motivación escrita de la sentencia, si se quería denominar de esta manera, carecía de toda lógica, era simplemente incomprensible. En más de doscientas páginas, los jueces trataron de probar que los prisioneros habían sido fusilados deliberadamente. Posiblemente lo habían conseguido por lo menos en parte, aunque las declaraciones y las actas estaban llenas de lagunas y contradicciones. Ni siquiera estaba claro lo que realmente había sucedido en la cárcel de El Pavón. Parecía obvio que al menos algunos de los prisioneros habían sido ejecutados después de haberse rendido. No obstante, la cuestión decisiva era otra: ¿Qué tenía que ver Erwin Sperisen como jefe político de la policía con los asesinatos? Pero el tema central de este juicio sólo fue tratado en el veredicto con algunas generalidades superficiales en una página y media, como si fuera un detalle insignificante.

"La justicia y el sentido común han logrado un gran avance", aclamó Jean Ziegler, el internacionalmente famoso profesor de sociología de Ginebra, político socialista, autor de varios bestseller políticos y emisario de la ONU. Gracias al "enérgico e inteligente trabajo de las organizaciones no gubernamentales", escribió Ziegler luego del veredicto, “por fin se ha podido perseguir al retoño y lacayo de los oligarcas increíblemente ricos de Guatemala”. Con "violencia implacable", opinó el profesor, el "todopoderoso jefe de policía" había derrocado la justa resistencia de los campesinos indios - "jornaleros rebeldes, obreros hambrientos y sindicalistas que protestaban". Según Ziegler, Sperisen y sus verdugos habían cubierto el país centroamericano con una "limpieza social" sanguinaria. El profesor deliraba con los "siete jóvenes" que fueron ejecutados personalmente por Sperisen porque “protestaron contra el maltrato de los guardias".

Pocas veces he leído tantos clichés huachafas en un espacio tan reducido. Gran parte de la versión de Ziegler fue simplemente inventada, no correspondía ni siquiera a la acusación. Decía más sobre el mundo espiritual y el estado mental del profesor que sobre la realidad. El fervoroso elogio de la justa lucha indígena contra la raza dominante blanca y la lucha de clase en Guatemala no dejó de lado ninguno de los tópicos comunes de los tercermundistas de Ginebra.

Pero Ziegler no estaba solo, más bien había tocado un nervio. El mismo fiscal Yves Bertossa había dejado fluir esta teoría racial de los oligarcas blancos que subyugan y explotan despiadadamente a los pobres indios en sus alegatos. El motivo siempre yacía como una sombra silenciosa sobre los juicios contra Sperisen. No tenía la menor base en los hechos comprobados. No soy ciego al racismo que lamentablemente aún persiste en Hispanoamérica. Pero aquí se trataba de una balacera en una cárcel entre gánsteres y fuerzas del orden que nada tuvo que ver con clases ni razas.

Fue el momento cuando el caso despertó mi curiosidad. Por supuesto, no podía descartar que Sperisen fuera culpable. Y si era culpable, debía pagar. Pero al menos uno debería saber por qué.

Hubo un segundo motivo que me impulsó a investigar el asunto: La persecución colectiva que cayó sobre todo el clan Sperisen. Es quizás el capítulo más triste e indignante de esta historia. Fue una cosa que no me podía imaginar en Suiza, un país que siempre había consideraba como bastante civilizada. La Suiza oficial no omitió nada para acosar a la familia y ahuyentarla del país. ¿Porque este fervor?

Tras la detención de Erwin Sperisen, las autoridades de inmigración anularon el permiso de residencia de su esposa Elisabeth. Elisabeth Sperisen también tiene antepasados suizos, pero a diferencia de su marido y sus tres hijos, nunca solicitó la ciudadanía. La “justificación” de la expulsión: Como ya que no era posible vivir en matrimonio con un recluso en prisión preventiva, caducaba el propósito de la estancia de la mujer en Suiza. Era absurdo. Además de burlarse de la presunción de inocencia, a los burócratas pasaron por alto que, al expulsar la madre del país, junto a ella también desterraban a sus hijos menores de nacionalidad suiza. Para anular la decisión arbitraria se requirió la intervención de abogados.

Después que se formuló la acusación en Guatemala, Elisabeth Sperisen perdió su trabajo en la ONU. Oficialmente se dijo que el contrato no sería renovado. Extraoficialmente, se le ofreció continuar trabajando si se divorciaba. El Ministerio de Justicia suizo por su parte intentó anular la ciudadanía suiza de Erwin Sperisen. Mandaron a fabricar un peritaje jurídico, considerando la reactivación de una ley especial que se había promulgado contra mercenarios suizos de las SS durante la Segunda Guerra Mundial y que permitía la expatriación de criminales de guerra. La acrobacia jurídica resultó tan aventurera que la abandonaron.

Como los funcionarios no encontraron ningún medio para deshacerse de la esposa y los hijos de Sperisen, atacaron a su padre Edi, de 70 años de edad entonces, con doble nacionalidad como su hijo. Desde 1996 Edi Sperisen es el enviado de Guatemala a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra. En 1996, la Suiza oficial le había dado la bienvenida a su "hijo pródigo" a bombo y platillo. Pero ahora, de repente, se les ocurrió a los burócratas de Berna que a un ciudadano suizo no se le permitía representar a un estado extranjero en Suiza en calidad de diplomático. Como la OMC no es una institución suiza, el primer intento fracasó. Pero los burócratas pueden ser creativos. Ahora se les ocurrió que Edi Sperisen, quien siempre había tributado sus ingresos en Guatemala según lo prescrito por la ley, como ciudadano suizo también estaba sujeto a pagar impuestos en Ginebra. El anciano Edi Sperisen no tuvo más remedio que renunciar a su ciudadanía suiza para entregar no más de la mitad de sus ingresos a las autoridades fiscales.

Los largos años de litigios habían llevado la familia en la ruina. Elisabeth Sperisen ya no podía encontrar trabajo. Quedó con sus tres hijos a la merced de la asistencia social. Pero incluso en este punto, la ciudad de Ginebra, por lo demás tan orgullosa de su tradición humanitaria, demostró ser vergonzosamente mezquina: durante años metió a la familia de cuatro personas en un pequeño apartamento de una sola habitación.

Había algo irracional en todo el caso. ¿Qué impulsó a los jueces y a los funcionarios extender una especie de destierro colectivo sobre todo un clan? ¿Fue realmente la vergüenza que el ex jefe de policía pudiera haber traído no sólo sobre toda una familia -incluyendo ancianos y niños- sino también sobre toda la nación Suiza? ¿O se trataba más bien de ahuyentar a los testigos de un crimen judicial que estaba en camino?

Como la fiscalía de Ginebra me negó una entrevista con el ex jefe de policía encarcelado en aislamiento casi total, me limité a lo que se había amontonado en los archivos del tribunal y a lo que podía averiguar con sus familiares. Era un trabajo de Sísifo. La montaña de papel que el fiscal Bertossa había acumulado parecía tan inconmensurable, intrincada e impenetrable como la selva de Petén. Y mientras me profundicé en esta jungla kafkiana, paso por paso me di cuenta de que las historias ocultas en las actas, poco tenían que ver con lo que el profesor Ziegler había escrito y con lo que se había hecho público hasta entonces.

 

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4. Los tres bomberos

La carrera profesional de Erwin Sperisen y la historia de su familia contradicen a todos los clichés racistas y clasistas que pesan sobre una sombra sobre todo el juicio. Pero lo que no cabe en su concepto, los jueces y fiscales de Ginebra simplemente lo ignoran.

Erwin Sperisen nació en 1970 en la ciudad de Guatemala, donde creció en un ambiente de clase media. Su abuelo Francisco era originario de un pequeño pueblito rural del cantón de Solothurn. Después de la Primera Guerra Mundial, Franz Sperisen emigró a Centroamérica sin medios, al igual que muchos suizos en la época. Se abrió camino con un taller de cristalería que terminó luego de algunos años en la quiebra. El padre de Erwin, Edi, y su madre, Linda, en la capital guatemalteca abrieron un taller de carpintería. En sus mejores tiempos empleaban a un centenar de trabajadores. Fue entonces cuando Edi Sperisen entró en política a través de una asociación comercial local. Fue nombrado embajador ante la OMC en Ginebra en 1996 bajo el gobierno centro-derecha de Álvaro Arzú. Así regresó a la patria de sus antepasados.

En esa época, Erwin Sperisen estudió ciencias políticas en la Universidad Francisco Marroquín. Allí conoció a Elisabeth, una salvadoreña. Dicen que fue amor a primera vista. Además de sus raíces suizas y su interés por la política, la economía y las cuestiones sociales, había una base común muy práctica y profana: Erwin (194 cm) y Elisabeth (184 cm) tienen una estatura gigantesca para los estándares guatemaltecos.

Ambos financiaron sus estudios por propio esfuerzo. Mientras que Elisabeth trabajaba para un thinktank de corte liberal, el entonces alcalde de la ciudad de Guatemala y posterior presidente Óscar Berger, trajo al ambicioso joven Sperisen a la administración de la ciudad. Erwin y Elisabeth se casaron en 1997. Tres años después, nació el primero de sus tres hijos. Elisabeth siguió trabajando de todos modos. Esta era la única manera para que la joven pareja pudiera costear una modesta casita y, más tarde, la escuela alemana para los tres niños.

En 2004 Erwin Sperisen recibió una llamada inesperada del recién elegido ministro del interior, Carlos Vielmann. Sin más preámbulos, Vielmann le ofreció un puesto como jefe político de la Policía Nacional Civil (PNC). La oferta fue una sorpresa. Erwin Sperisen señaló que sólo tenía 34 años y que no tenía la menor idea del trabajo policial. Su experiencia de liderazgo se limitaba a la brigada de bomberos voluntarios, a la que ya se había incorporado cuando era adolescente, y a la administración municipal.

Por eso se había acercado a él, contestó Vielmannn, esto era precisamente lo que buscaba: un jefe político de la policía que no fuera involucrado en la policía. El nuevo gobierno de Óscar Berger quería ocupar el puesto de jefe con un extraño a la institución sin lazos ni antecedentes. El cuerpo de policía había sido penetrado por el crimen organizado, se necesitaba a alguien que repondría el orden. Vielmann le concedió a Sperisen tiempo para responder hasta la mañana siguiente.

Sus hermanos, sus padres, sus amigos trataron de persuadir a Erwin Sperisen de no embarcarse en esta misión imposible. La experiencia enseña que la permanencia de un jefe de policía en Guatemala oscila entre unas pocas semanas y algunos meses. En el mejor de los casos tiene que dimitir a causa de algún escándalo, en el peor es asesinado. Guatemala es un país peligroso. Año tras año se registran 5.000 asesinatos, sólo en raras ocasiones uno de ellos es resuelto. Mientras que las personas respetuosas de la ley permanecen encerradas en sus casas, que a menudo tienen barrotes como si fueran prisiones, los narcotraficantes y gánsteres se pasean libremente por las calles. Las fuerzas del orden, permeadas por la corrupción, son parte del problema que supuestamente debían resolver. Su mentor político, Álvaro Arzú, le rogó personalmente al joven Sperisen esa noche: "La policía es un cementerio político, olvídalo". Como alternativa, le ofreció a Erwin Sperisen un puesto bien remunerado como comandante del cuerpo de bomberos.

En nombre de los niños, su esposa Elisabeth le suplicó que aceptara la oferta de los bomberos. Ese habría sido el trampolín perfecto para su anhelada carrera política. El cuerpo de bomberos es quizás la única institución pública en Guatemala que goza de respeto en todos los ámbitos. Allí no podía fallar. Pero las objeciones parecían estimularlo. Sperisen optó por la opción más desafortunada. Si Erwin está convencido de una cosa -dice Elisabeth en retrospectiva-, entonces ninguna súplica ni ninguna amenaza ayudará. “Como voy a quejarme todo el tiempo de la policía corrupta y luego acobardarme cuando hay una oportunidad de cambiar algo”, le contestó, “cómo les explicaré eso a mis hijos algún día."

A principios de agosto de 2004, Erwin Sperisen asumió el cargo de jefe político de la policía. No tardó ni un mes en producirse el primer escándalo. Por orden de la Corte Suprema de Guatemala, la policía desahució la Finca Nueva Linda a finales de agosto. La granja cerca de Retalhuleu había sido ocupada por más de mil insurgentes armados en el curso de un complicado conflicto entre sindicatos campesinos rivales. En la evacuación murieron seis ocupantes y tres policías. 22 policías resultaron heridos en el tiroteo, y sin duda habrían muerto más uniformados si no hubieran estado equipados con chalecos antibalas.

Una red internacional de ONG de izquierda utilizó la batalla de Finca Nueva Linda como referencia para la supuesta opresión brutal de los campesinos indígenas en Guatemala. El gigantesco jefe de policía Sperisen, a quien le dieron el apodo Vikingo por ser pelirrojo, dio el rostro a esta la campaña. Las acusaciones contra el Vikingo – ¿el perfecto apodo cuando se quiere enlodar a uno con la barbaríe, no cierto? - ya habían hecho las rondas en Ginebra en 2008, antes de evaporarse silenciosamente. De hecho, el conflicto por la Finca Nueva Linda fue el resultado de una lucha entre ex guerrilleros en la que la policía intervino de manera conciliadora⁵ Como nuevo jefe, Erwin Sperisen ni siquiera participó en la planificación de la operación policial ordenada por el tribunal. Pero el incidente fundó el mito del “vikingo” y de la "limpieza social", que se convertiría en el punto de partida de los juicios de Ginebra.

A la época el nuevo jefe de policía tenía preocupaciones completamente ajenas a mitos y apodos. Su principal meta era la lucha contra la corrupción. Una mejora de las condiciones de trabajo, que vincularían más estrechamente a los policías con su institución, y la construcción de urbanizaciones para proteger a sus familias del chantaje de las mafias fueron prioritarios para Sperisen. Si tenían algo que perder, argumentó, los agentes del orden también eran menos susceptibles a las coimas del crimen organizado. Sperisen también se centró en mejores pensiones para las viudas y huérfanos de agentes de policía asesinados y en una reforma de la atención sanitaria en el cuerpo policial.

Esa fue una de las razones por las que el jefe de policía Sperisen subió a bordo a su amigo Javier Figueroa. Lo nombró jefe operativo del departamento de investigación criminal. Figueroa era médico. Los dos ya habían trabajado juntos en el departamento de bomberos voluntarios. Figueroa tampoco tenía conexiones con la policía. Pero su experiencia médica fue muy útil para Erwin Sperisen en el tercer enfoque de su programa de reforma: Finalmente, la policía guatemalteca debía recibir un moderno servicio médico y forense.

Finalmente, la conexión de los bomberos nos lleva al tercer protagonista de esta historia: Alejandro Giammattei, director general del sistema penitenciario. También era médico. Giammattei tampoco no tuvo nada que ver con el sistema penitenciario ni con el partido en el poder. Una mañana, Alejandro Giammattei también recibió una sorprendente llamada telefónica del ministro del Interior, Carlos Vielmann, quien le ofreció el cargo de jefe del sistema penal.

Aparte de su pertenencia al cuerpo de bomberos, poco asocia Sperisen y Figueroa con Giammattei. Él era dieciséis años mayor que los dos jóvenes amigos, pertenecía a otra generación. Y fue más cuidadoso. Giammattei pidió al ministro Vielmann que le diera dos semanas para pensarlo. Antes de hacer cualquier decisión quería visitar las cárceles más importantes de Guatemala y hacerse una idea de la tarea, no en misión oficial, sino de incógnito. Vielmann le concedió este deseo.

Lo que Alejandro Giammattei experimentó durante su exploración de las prisiones guatemaltecas superó sus peores temores y se puede leer en un libro que escribió más tarde⁶. Drogas, prostitución, armas, violencia y agresiones sexuales definieron la vida cotidiana de los reclusos. El personal penitenciario hace tiempo había resignado y ni siquiera intentó intervenir. Los guardias comprados y amenazados por las bandas de gánsteres formaban parte de este sistema perverso. Poner orden en este biotopo infernal parecía casi imposible.

En la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación Penal El Pavón - una denominación que le resultó bastante cínica - los agravios fueron particularmente graves. El medico descubrió maquinaciones que recuerdan la esclavitud. La prisión estaba bajo el control de gánsteres. Los que querían dormir en una cama tenían que pagar por ello, y los que no podían pagar tenían que servir a los capos de la prisión. Los nuevos prisioneros fueron subastados entre los capos como en los mercados de esclavos en épocas coloniales. La desobediencia se castigaba con severas penas físicas, a veces incluso con la muerte.

El Pavón fue construido en los años 1970 como cárcel modelo con su propia finca y talleres. Los ocupantes gozaban de cierta participación a través del Comité de Orden y Disciplina (COD). El tratado de paz con la guerrilla de 1996 otorgó a los prisioneros una especia de soberanía sobre los asuntos internos de la prisión. En la práctica, el COD había tomado el control de la prisión prohibiendo a los guardias el acceso a ciertas zonas. El portón principal de El Pavón estaba cerrado y controlado no sólo desde afuera, sino también desde adentro. Ya que los sindicatos criminales pagaban más que el estado, el personal penitenciario en realidad trabajaba a su merced, como asalariados del crimen organizado.

El modelo revolucionario de autodeterminación en la cárcel se había convertido en un experimento infernal que probablemente no tiene comparación en el mundo entero. Giammattei no obstante observó que el régimen penitenciario estrictamente jerárquico funcionaba de manera sorprendentemente ordenada. Incluso había una especie de registro de la propiedad. Los que podían permitírselo vivían en su propio "chalet" con todo lo que le correspondía: jacuzzi, teléfonos seguros, sirvientes, trago y guardaespaldas.

Los talleres de falsificación, los laboratorios de drogas y las fábricas donde se transformaron los coches robados también eran organizados de manera impecable y eficiente. Secuestradores, sindicados de narcotraficantes y bandas de ladrones operaban sin trabas y con impunidad desde El Pavón. Había casos de secuestrados escondidos allí. Hay indicios de que en El Pavón hasta se produjo pornografía infantil. Y nadie lo pudo parar. En 2003, dos policías murieron tratando de rastrear a los delincuentes hasta la cárcel.

"El que entra como un criminal", constató Giammattei, "sale como un sociópata." Al final, sin embargo, fue una observación coincidente la que llevó al pediatra a aceptar la oferta. Durante uno de sus viajes de observación por las cárceles de Guatemala, se había dado cuenta de que los guardias realizaban controles íntimos de las visitantes sin protección higiénica. Aquellos que no contrajeron una enfermedad venérea durante el registro corporal podrían considerarse afortunados. Alejandro Giammattei se quedó atónito. Y aceptó el cargo.

El mismo día de su inauguración experimentó su bautismo de fuego: un motín en la cárcel de mujeres de Santa Teresa. Las mujeres encarceladas exigían un régimen más liberal durante las visitas de los hombres. Gracias a su apariencia personal en el lugar, el nuevo jefe pudo resolver pacíficamente el disturbio.

El fatalismo que reinaba en el aparato administrativo era paralizante. En un primer momento, Giammattei quería sustituir al equipo directivo. Ofreció puestos claves en la administración penitenciaria a 58 amigos o conocidos. Las ofertas de trabajo no eran un favor entre amigos, más bien era el propio Giammattei quien actuaba como solicitante. En primer lugar, necesitaba gente en la que pudiera confiar. Todos los que invitó a trabajar con él le desearon mucho éxito, ni uno aceptó su oferta.

Giammattei incluso animó al fiscal especial de Derechos Humanos, Sergio Morales, a abrir una sucursal en El Pavón. Morales rechazó enérgicamente la oferta. El activista de Derechos Humanos, conocedor de los medios de comunicación, sabía muy bien que no se iban a recibir laureles en este infierno. Más tarde se convertiría en el peor adversario de Giammattei.

En un primer paso, el nuevo director del sistema penitenciario ordenó la reinscripción sistemática de todos los reclusos. Nadie sabía exactamente cuántos eran. Al parecer, había prisioneros que habían cumplido sus sentencias desde hacía mucho tiempo y cuyas fichas habían quedado atrapadas o se habían perdido en algún lugar del sistema que le parecía prehistórico. Su segundo objetivo principal: Volver a poner las prisiones bajo el control del Estado. Comenzaría en El Pavón con sus 1800 presos.

Por tratarse de una operación militar, Alejandro Giammattei encargó a un hombre del servicio de inteligencia militar con la planificación: Luis Linares Pérez. El ex agente se infiltró en El Pavón previamente a la redada para elaborar una lista de los líderes. Estos iban a ser distribuidos a otras cárceles. Más tarde se afirmará que esta lista -que nunca se encontró, sea dicho de paso- era en realidad una lista de muerte.

El 18 de julio de 2006, la situación en El Pavón llegó a un punto crítico. Luis Zepeda, el rey de la prisión, pone un ultimátum: 57 prisioneros que aparentemente no generaron suficientes ingresos debían abandonar la prisión inmediatamente, de lo contrario no podría garantizar nada. En pocas palabras: Los hombres serían asesinados. El director Giammattei no se dejó chantajear. El 11 de septiembre, fue asesinado el primero de los prisioneros expulsados. Se llamaba José Hernández.

Pero el cruelmente asesinado José Hernández no interesó a los investigadores internacionales de la CICIG en Guatemala. Querían hacer del caso Pavón su primer gran caso. Obviamente este infeliz tampoco le interesaba al fiscal Yves Bertossa en la lejana Ginebra. El preso José Hernández estaba en una lista de muertos que no se ajustaba a su concepto. Mas bien se habría interpuesto en su camino, así que dejó de existir para ellos.

A pesar de todo, queda la pregunta: ¿Será que el nuevo equipo del ministro del interior Vielmann mató a los mandos criminales de la cárcel a sangre fría para combatir el crimen con un crimen? Y en el caso de ser así: ¿Era Erwin Sperisen parte de este complot?

 

 

^ 5 La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guatemala ha recopilado la ocupación y evacuación de la "Finca Nueva Linda" y la complicada prehistoria en un informe detallado: www.albedrio.org/htm/otrosdocs/oficiales/InformeComDDHHCongresoCasoFincaNuevaLinda.pdf

^ 6 Relato de una Injusticia; Dr. Alejandro Giammattei Falla, ISBN: 978 – 9929 – 40 – 280 – 5

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5. Vuelve la Inquisición

El protocolo de los acontecimientos en “El Pavón” lleva a la conclusión que probablemente algunos de los siete reos muertos efectivamente fueron ejecutados luego de rendirse. Para embarrar el gobierno los investigadores de la CICIG recurren a métodos ilegales y fabrican testimonios falsos.

El 25 de septiembre de 2006, llega la hora de los hechos. Como a las 4 de la mañana, una armada de 2.500 fuerzas del orden -el ejército, la policía, comandos especiales y de inteligencia, personal penitenciario - se dirigen a la extensa zona de El Pavón. A las 5 de la mañana se anuncia la redada por altavoz. Se pide a los prisioneros que abandonen los edificios y se reúnan en los campos de deportes.

El jefe del sistema penal Alejandro Giammattei observa el despliegue junto al jefe de policía Erwin Sperisen desde el cuartel general de la prisión. Se encuentra en la entrada principal, en el lado norte. A las 6 en punto se corta la alimentación eléctrica. Media hora más tarde, comienza el ataque a El Pavón. Las tropas abren brechas en las vallas desde dos lados en el sur del extenso complejo. Protegido por la policía, el personal penitenciario entra en el interior del campo carcelario por la entrada principal y los dos flancos laterales. La mayoría de los presos se rinden sin dar resistencia y son atados por el personal de la prisión. La policía no interviene directamente.

En el "chalet" del narcotraficante colombiano Jorge Batres sin embargo a las 6:45 de la mañana se arma un tiroteo que dura unos 20 minutos. El comandante de la policía Javier Figueroa está cerca del lugar. Allí hay dos comandos especiales en marcha. Están dirigidos por un tal Víctor Rivera, así como por los hermanos José y Henry Benítez. Las escenas son filmadas. Un perito judicial austríaco más tarde, basándose en imágenes de vídeo, llega a la conclusión de que efectivamente hubo tiros desde el interior de la prisión. Por lo tanto, la evidencia filmada prueba que no se trata de un montaje puro, como se afirmara en Ginebra.

A las 7:40 a.m. Erwin Sperisen y Alejandro Giammattei se dirigen al "Chalet" del narco colombiano Jorge Batres, en el que yacen los prisioneros abaleados. Esto también está documentado en video. Antes de continuar su recorrido, Sperisen observa los cuerpos desde la distancia. Aparte de eso, no hace nada. La fiscalía guatemalteca, presente en el lugar, es responsable del escenario y de levantar las pruebas como manda la ley. Mas tarde, en el tribunal de la lejana ciudad de Ginebra, inculpara a Sperisen de no haber intervenido en la escena del supuesto crimen. Fue la acusación más absurda: La investigación estaba en manos del ministerio público. Si intervenía Sperisen hubiese cometido un delito.

A las 8 de la mañana, el ministro del Interior, Vielmann, aparece en el Pavón. Hay un grupo de periodistas en su entorno. A las 9.30 horas, varios equipos de la fiscalía se encargan del trabajo forense en el "chalet" de Batres, donde se recuperan los siete cadáveres. A las 11 de la mañana, las autoridades realizan una rueda de prensa para informar al público sobre los siete prisioneros fallecidos y hacen un balance positivo. En el peor de los casos, habían contado con hasta cien muertos.

Una serie indicios señalan que los dos comandos especiales dispararon a los siete prisioneros. Sin embargo, ninguno de los testigos – con excepción del mencionado asesino mentiroso francés Philippe Biret - afirma haber visto una ejecución con sus propios ojos. Casi toda la investigación se basa en “dizques”.

Uno de los comandos encapuchados supuestamente involucrados, Víctor Rivera, dirigía una empresa de seguridad privada que mediaba en secuestros en nombre de los familiares afectados. Durante el período en cuestión, también actuó como asesor del ministro del Interior, Carlos Vielmann. Se dice que el venezolano tiene una conexión con la CIA omnipresente en Guatemala. Los otros comandos objetos de sospecha, los hermanos Benítez, también estaban activos en el negocio de la seguridad. Se les atribuía un enlace con la agencia antidroga norteamericano DEA.

Erwin Sperisen nunca negó que conocía a Rivera y a los hermanos Benítez y que tenía tratos ocasionales con ellos. Pero nunca estuvieron bajo su mando. Ninguno de los actores involucrados -ni el ministro del Interior, ni el jefe del sistema penal, ni el jefe de la Policía- admiten haber dado la orden a estos comandos para entrar en acción. El papel del ejército y de los servicios secretos implicados en la redada nunca fue investigado. Esto es muy raro ya que es un secreto abierto que algunos representantes de las fuerzas armadas están involucrados en el narcotráfico. Tampoco nunca fue investigado el rol de la fiscalía. La CICIG ni siquiera pudo establecer quién había llamado y autorizado a los comandos especiales. Pero esa habría sido la pregunta crucial.

Víctor Rivera y los hermanos Benítez nunca fueron interrogados por los fiscales guatemaltecos, quienes fueron los primeros encargados de investigar las siete muertes de El Pavón en el 2006. Cuando la CICIG reabrió el caso dos años después, ya era demasiado tarde. Para mientras los tres, tanto Rivera como los hermanos Benítez, habían sido asesinados a tiros, en la calle, por comandos de aniquilamiento desconocidos. ¿Fue venganza por el tiroteo de El Pavón? Probablemente nunca se sabrá. Los asesinatos contra Rivera y los hermanos Benítez son parte de miles de asesinatos que nunca fueron y nunca serán resueltos en Guatemala.

Hacia el final de su mandato en 2007, el propio gobierno de Berger había traído la CICIG al país para luchar contra la notoria corrupción en el aparato estatal. Los investigadores extranjeros, que actuaban bajo los auspicios de las Naciones Unidas, tenían amplios poderes y actuaban con cierta autonomía. En realidad, sus actividades estaban en flagrante contradicción con la constitución de Guatemala, que no permite la actividad de investigadores extranjeros en el país. Pero el deseo de acabar con la impunidad era tan grande que no vieron otra manera para remediar la impunidad generalizada.

Después de medio siglo de terror guerrillero, que se había convertido en crimen organizado después del tratado de paz de 1996, Guatemala estaba moralmente e institucionalmente agotado. La comparación con un virus que no sólo ataca los órganos, sino que paraliza todo el sistema inmunológico, no parece exagerada. Se suponía que los fiscales e investigadores extranjeros debían poner remedio. Pero la ley y la justicia no pueden importarse tan fácilmente como los coches, medicinas o lavavajillas.

La misión principal de la CICIG era la lucha contra la corrupción. Pero tan pronto como el nuevo gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012) asumió el poder, la atención se desvió hacia los Derechos Humanos. Las presuntas ejecuciones durante el asalto a El Pavón se convertirían en la principal referencia para los nuevos investigadores extranjeros. Era como un regalo del cielo para Álvaro Colom quien saludó las investigaciones contra su antecesor con entusiasmo. Los escándalos, que de pronto hicieron temblar a su propio gobierno, pasaron a un segundo plano.

El mandato de la CICIG se limitó inicialmente a dos años. Los investigadores estaban bajo una enorme presión para tener éxito. Sin un conocimiento profundo de la complicada realidad guatemalteca, se suponía que debían realizar lo que habían logrado los fiscales locales, y esto con resultados rápidos. Para ello, habían empezado con la afirmación de no perseguir a los pequeños hampones, sino a los cerebros, a los jefes. Un programa bastante ambicioso, que probablemente habría llevado incluso a Superman a sus límites.

Ante esta presión, los investigadores de la CICIG recurrieron a un arma milagrosa que el poder judicial estadounidense había estado utilizando durante décadas con resultado dudoso contra el crimen organizado: La llamada “colaboración eficaz”. Suena bonito, pero solo a primera vista. En realidad, es un sistema excelente para seleccionar cualquier chivo expiatorio, pero pésimo para condenar a verdaderos culpables.

A los presuntos miembros de una organización criminal se les ofrece protección e impunidad si incriminan al nivel superior. En teoría, de este modo los investigadores se abren camino en el orden jerárquico criminal hasta que finalmente atrapan a los capos. En la práctica, este método sólo funciona si los delincuentes premiados con inmunidad penal aportan pruebas sólidas. Si faltan estas pruebas, es muy probable que los testigos hagan declaraciones falsas e incriminen a personas inocentes con el fin de salvarse el pellejo o incluso de desviar la atención de los verdaderos perpetradores.

En el caso de El Pavón ni siquiera existía una sombra de evidencia sólida. Los testigos premiados ofrecieron un ramo de declaraciones coloridos y especulaciones basados en rumores, que a menudo se contradecían diametralmente. Solo hubo una constante: Ninguno de esto testigos claves, por supuesto, se involucró a si mismo seriamente. Así que al final nadie vio realmente nada, pero todo el mundo escucho algún rumor sobre algo o alguien.

El problema puede ilustrarse con el ejemplo del mencionado agente de inteligencia Luis Linares Pérez, que había investigado la jerarquía de la prisión en el período previo a la redada y que sirvió como testigo pentito a la CICIG. Como recompensa, se salvó de una acusación por asesinato y recibió una visa de inmigración canadiense para él y toda su familia. Linares Pérez, a diferencia de los mandos al nivel del gobierno acusados, estuvo demostrablemente presente durante el tiroteo. Pero, por supuesto, no manifiesta haber participado en ningún tiroteo.

Si se revisan las afirmaciones de Linares Pérez, que ha cambiado repetidamente sus declaraciones a lo largo de los años amoldándolas al estado de la investigación, se observa un patrón claro: El testigo principal no quiere comprometerse en ninguna parte. Proporciona información detallada sobre temas secundarios, pero sus declaraciones sobre los puntos centrales siempre son vagas y volátiles.

Hay una explicación obvia: si acusaba a otros con detalles específicos y comprobables, automáticamente se incriminaría a sí mismo. Linares Pérez admitió en un interrogatorio temprano que había disparado algunos tiros de fusil en el enfrentamiento con los prisioneros; más tarde lo negó y afirmó que unos uniformados desconocidos lo habían empujado al suelo para desarmarlo. Así que de repente y en contradicción con declaraciones anteriores no había podido observar la balacera, y mucho menos las ejecuciones.

Los testimonios de los “colaboradores”, negociados bajo la amenaza de largas penas de prisión, son tan fiables como las confesiones fabricadas por los torturadores de la Santa Inquisición: No valen el papel manchado de sudor y sangre en el que fueron anotadas. Todos los policías o guardias entrevistados por los investigadores de la CICIG sabían que no sobrevivirían mucho tiempo en una prisión guatemalteca. Aquellos que temen por sus vidas, les dicen a sus atormentadores lo que estos quieren oír de ellos. A Alejandro Giammattei y Javier Figueroa, así como a Erwin Sperisen, se les ofreció libertad condicional si aceptaban un cargo menor y acusaban en cambio a Vielmann. Era la cabeza del ministro del interior que querían ver colgar – ¿para luego embarrar al mismo presidente Berger?

Los tres ex bomberos rechazaron el trueque intransparente. Preferían soportar años de detención y juicios ruinosos.

En 2009 Gisela Rivera, una agente investigadora de la CICIG, viajó a Austria para presentarle a Figueroa una "confesión" que ya había sido preparada. A finales del mismo año Rivera de manera precipitada huyó de Guatemala tras una disputa con su jefe, Carlos Castresana. Castresana ordenó una investigación penal en su contra por abuso de poder. Poco después, el fiscal emitió una orden de arresto contra Gisela Rivera, quien vive en Costa Rica desde entonces. En 2010, sin embargo, Castresana también tuvo que abandonar su escritorio. Su sucesor despejó el camino para que se presentaran cargos contra los presuntos líderes políticos de las ejecuciones extrajudiciales de El Pavón.

Gisela Rivera, una experimentada abogada y fiscal costarricense, y sus sucesores en la CICIG sabían lo que estaban haciendo. Sabían que sus maniobras iban contra la ley (entonces vigente) y que posiblemente podían poner a gente inocente entre rejas. Pero en lugar de buscar minuciosamente pruebas sólidas, utilizaron la presión psicosocial. En las ruedas de prensa elogiaron sus propios supuestos logros. Esposaron públicamente a sospechosos y los desfilaban delante las cámaras para ejercer presión pública sobre los tribunales. Calculaban que los detenidos bajo presión terminaran culpándose entre ellos. Cuando no les resultó, cuando las contradicciones se volvieron cada vez más grotescas, no hubo vuelta atrás. Había que lograr el éxito, metiendo preso a quien sea.

Puede ser que inicialmente los investigadores estuvieron convencidos de que estaban haciendo lo justo y correcto. Había que hacer un gesto contra la impunidad. Lo habían prometido, todos los ojos estaban puestos sobre ellos. Unos tal vez creyeron talvez que lo más importante era poner una señal contra la impunidad aun si posiblemente pagaban inocentes, otros habrán puesto su fama y carrera encima de todos los escrúpulos, algunos se habrán dejado guiar por su ideología y la política. El límite entre idealismo, vanidad y crimen es una línea borrosa.

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6. La querellante fantasma

Para condenar a Erwin Sperisen las ONG Trial y los fiscales de Ginebra arman presión pública a través de la televisión. Cuando los testimonios falsos se vuelven obvios y el caso se les escapa de las manos, inventan nuevas acusaciones.

En marzo de 2014, dos meses antes del primer juicio contra Erwin Sperisen en Ginebra, la cadena de televisión pública suiza francófona RTS emitió el documental Chasseurs de Crimes (Cazadores de Crímenes). Era todo un homenaje a la organización TRIAL y su trabajo. El caso Sperisen fue presentado como caso ejemplar. Demostraba cómo la ONG descubre crímenes políticos en todo el mundo y lleva a los perpetradores ante la justicia. El ex jefe de policía de Guatemala es descrito como un veterano de la guerra fría, un representante de la oligarquía blanca, que oprime y explota despiadadamente a la población pobre mayormente indígena. También se habla sobre el sangriento enfrentamiento de la policía con los ocupantes armados en la Finca Nueva Linda.

Lo que se presenta como un documental, es en esencia pura propaganda. En ninguna parte se mencionó que estaba comprobado desde hace mucho tiempo que Erwin Sperisen no tuvo nada que ver con el conflicto de la Finca Nueva Lina. Chasseurs de Crimes también presenta al asesino Philippe Biret a quien TRIAL había traído a Ginebra para que testigüe contra Erwin Sperisen. Con voz baja y palabras dramáticas, el presunto testigo clave del fiscal Bertossa relata cómo el jefe de policía Erwin Sperisen a sangre fría habría ejecutó a prisioneros indefensos en El Pavón. Lo más importante no se menciona, así que los televidentes no se enteran que las declaraciones de Biret contradicen totalmente a todos los hechos establecidos. Los autores de la película dejan la última palabra al amigo íntimo de Bertossa, Baltasar Garzón. El investigador estrella español advierte que era muy difícil identificar a los criminales políticos, pero que uno no se debía dejar engañar y que valía la pena.

El público ginebrino parece estar preparado psicológicamente para el juicio contra el jefe de policía de la lejana república bananera. Pero pocos días antes de que arranca el juicio, el periodista suizo conocido Arnaud Bédat publica una inquietante investigación: la presunta demandante privada en el caso Sperisen, María del Socorro Vásquez, madre del rey de la prisión muerto Luis Zepeda, no sabe nada sobre el juicio en Ginebra. Es más: La mujer asegura que no tiene nada en contra el ex jefe de la policía.

Bédat había visitado a María del Socorro Vásquez en Guatemala. Ante la cámara, la anciana, pero dinámica mujer explicó que no conocía a los abogados que estaban demandando a Sperisen en su nombre en Ginebra y reclamando daños y perjuicios por dolor y sufrimiento. Ella ni siquiera sabía que Erwin Sperisen había sido acusado. En su opinión, el entonces jefe del sistema penitenciario y hoy presidente Alejandro Giammattei fue el único responsable de la ejecución de su hijo en El Pavón. Sperisen, según ella, no tenía que ver en esto.

La revelación fue particularmente embarazosa para la organización TRIAL. En nombre de una madre que no sabía nada sobre el juicio y no lo quería en absoluto, la ONG actuó como demandante privada en Ginebra. En lo material no cambió tanto para la acusación. El asesinato es un delito oficial y, por lo tanto, es perseguido de oficio, con o sin querellante privada. Dado que Erwin Sperisen no pudo ser extraditado a Guatemala como ciudadano suizo, era dable llevarlo ante un tribunal de Ginebra. Pero los abogados de TRIAL, que estaban tejiendo los hilos en segundo plano, ya no tenían nada que ver en este caso. Se habían inventado un mandato de una querellante privada que no sabía nada de su suerte e inclusive no quería la acusación contra Sperisen por considerarlo inocente.

Habría sido de esperar que la presidenta del tribunal, Isabelle Cuendet, al menos mandara investigar las acusaciones del periodista Bédat grabadas en video. O bien Bédat reportó la verdad, entonces era escandalo; a lo contrario, si mentía el periodista, debía ser llevado ante la justicia por testimonio falso. Pero la jueza Cuendet quitó de la mesa las escandalosas noticias de Guatemala con un comentario brusco y caprichoso como si la grabación de Bédat no existiera, como si no importara que TRIAL se involucraba en el juicio usurpando el nombre de una madre sin su acuerdo.

La reacción de Cuendet fue sintomática para un juicio en el que rápidamente se hizo evidente: El veredicto se había establecido mucho antes de que comenzara la audiencia pública. A veces la presidenta Cuendet, bruscamente interrumpía de mala gana al acusado cuando no le decía lo que ella quería que dijera; a veces le acusaba, visiblemente molesta, de "jugar al gato y al ratón"; a veces se burlaba con un gesto sarcástico de sus declaraciones. Todo lo que dijo fue interpretado en contra del acusado. Era evidente: Al punto de vista de la jueza era imposible que un jefe de policía centroamericano sea inocente, diga lo que diga. Y esto fue lo que, en Ginebra, aunque nadie lo dijera abiertamente, muchos pensaron.

Erwin Sperisen entonces ya había estado detenido durante dos años. Se quería acabar de una vez con este asunto molestoso. Si hubiera sido absuelto, el presunto asesino en masa Sperisen, al igual que el presunto padrino de la mafia Sergei Mikhailov en su época, habría tenido que ser indemnizado con cientos de miles de francos suizos en concepto de daños y perjuicios. Y un tal fiasco los fiscales y jueces ya no se podían permitir y no lo iban a permitir tampoco. Esta vez no.

A los juristas les encanta tejer sus telarañas filigranas de palabras que suenen técnicas y que aparentan una objetividad científica. Pero la búsqueda de la verdad es un arte muy particular y tramposo. En la práctica, hay muchas maneras como dirigir un juicio en una u otra dirección. Cuando falta la buena voluntad, el acusado sólo puede perder. Si se muestra arrepentido, esto se interpreta como una confesión de culpa; si, por lo contrario, rechaza categóricamente cualquier culpa, se amarga o incluso permanece en silencio, esto puede interpretarse como un signo de particular frialdad. Los vacíos de memoria y las contradicciones menores en una declaración pueden interpretarse como un signo de mentira o, en caso que conviene lo contrario, como un indicador de un relato particularmente creíble por no ser estereotipado. Cuando no hay pruebas sólidas, sino sólo testimonios vagos conseguidos con chantaje y suposiciones, que se basan en rumores, sobre unos hechos que pasaron en un lejano país con una lengua e idiosincrasia ajena, todo es posible, nada es cierto.

Ahora bien, se podría haber intentado resolver el caso desde el otro lado: ¿Quién tenía algún motivo para eliminar la jerarquía de la prisión de El Pavón? El fiscal Bertossa y sus colegas jueces fueron muy taciturnos al respecto. Las pocas veces que se habló de posibles motivos, fueron conceptos generales, abstractos y placativos como “limpieza social”. Pero se evitó de manera meticulosa cualquier motivo personal, como si Erwin Sperisen fuera un robot. Quizás por allí se encuentra la razón, porque los jueces en Ginebra no querían escuchar a María del Socorro Vásquez, la presunta demandante privada que no sabía nada de su suerte.

Si la hubieran traído a la madre del gánster Zepeda a Ginebra, los defensores de Sperisen sin duda le hubieran preguntado: ¿Cómo llegó a la conclusión de que Sperisen era inocente? - ¿Por qué ella pensaba que Alejandro Giammattei había mandado a matar a su hijo?

La sospecha de la madre no se basa en una evidencia, pero si tiene cierta lógica. El día antes de la gran redada en El Pavón, el periódico guatemalteco Prensa Libre había anunciado el supuesto plan de despliegue secreto en una doble página con lujo de detalles. La fuente de la filtración nunca fue identificada. El hecho es: Como resultado de esta indiscreción, el jefe del sistema penitenciario, Alejandro Giammattei, fue víctima de amenazas masivas por parte de los jefes de la prisión. Si no cancelaba la acción, le dijeron, toda su familia moriría. Las amenazas de la mafia están entre las pocas cosas en las que se puede confiar en Guatemala con toda seguridad. Se cumplen y se ejecutan.

¿Acaso hizo Giammattei eliminar a los gánsteres antes de que exterminaran a su familia? No hay prueba de eso, no es más que una especulación. Pero tendría sentido. Giammattei en realidad era el único que tenía un motivo y, a diferencia de los otros sospechosos, tenía información privilegiada sobre la jerarquía de la prisión. La identificación de los reclusos era responsabilidad del personal penitenciario. La policía sólo los respaldó. Si Giammattei contrató a los escuadrones asesinos, para eliminar a quienes amenazaban eliminar sus prójimos – reitero, es nada más que una especulación, no hay prueba para ello -, hasta se podría comprender. ¿Quién no lo hubiera hecho en su lugar?

Si hubiera sido así, no había necesidad de poner al corriente a Sperisen. Giammattei habría corrido un riesgo innecesario al informarlos. Los dos nunca tuvieron una relación de confianza. En una acción tan delicada, cada confidente es uno de más. E incluso si Sperisen hubiera sabido o sospechado algo: ¿Se le podría culpar por no haber entregado a Giammattei a los investigadores políticos? Supongamos que Alejandro Giammattei hubiera mandado a mandar los gánsteres que lo amenazaban: ¿Cuál era la alternativa? ¿Cómo habrían actuado Yves Bertossa y los jueces de Ginebra en su lugar? ¿Habrían esperado con los brazos cruzados a que los gánsteres masacraran a sus familias? ¿O se habrían rendido a los chantajistas? ¿Hubieron suspendido la redada dejando el campo al crimen organizado? Y al ser así: ¿Acaso no hubieron cargado una culpa aun peor en sus hombros? ¿Qué hay del infeliz José Hernández, el que omitieron en la lista de las víctimas?

Son preguntas malditas que abren abismos, pero que son inevitables si realmente se quiere aclarar el caso Pavón. Yves Bertossa y sus cómplices no se incomodaron con estas preguntas. No encajaban en sus prejuicios.

En los cinco años que pasó en régimen de aislamiento carcelario, el poder judicial de Ginebra condenó dos veces a Erwin Sperisen a cadena perpetua. En el primer juicio, fue declarado culpable de siete cargos de asesinato, y en el segundo, incluso de diez presuntas ejecuciones. Analizar las motivaciones caóticas y poco coherentes -en la medida en que existen- iría más allá del alcance de este libro. Pero tampoco es necesario. Las sentencias no podrían ser más contradictorias en sus resultados. Se anulan mutuamente entre sí.

En el primer fallo, el tribunal penal opinó que el jefe político de la policía había ejecutado a unos prisioneros él mismo. Se basaba en el testigo principal, Biret, el asesino francés, que había comprado su libertad con su testimonio evidentemente falso. Las grotescas discrepancias en su testimonio -el disparo en la cabeza, que no dejó heridas en la cabeza, las balas de rifle que salieron de una pistola, la hora del supuesto crimen que no correspondía con ningún hecho establecido- se explicaron por un "trastorno de estrés postraumático", que podría haber nublado la memoria del testigo. Que Biret pudo haber mentido descaradamente para escapar de la cárcel ni siquiera fue considerado como posibilidad.

La corte de apelaciones reconoció que de esta manera no se podía resolver el caso. En el procedimiento de apelación, todo se volteó de pie a cabeza. Según esta nueva versión, Sperisen no había estado presente en el lugar de los hechos, más bien habría evitado deliberadamente la escena del crimen para evitar cualquier sospecha; su pasividad se interpreta como un refinamiento particular y una falta de escrúpulos. Él era el jefe, así la lógica, y como tal debe haber ordenado las ejecuciones. Así de simple. En realidad, había varios jefes en este campo donde la policía ni siquiera desempeñaba el papel principal. Pero los jueces hasta por esto encontraron una fórmula practica: de paso declararon culpable a todos los mandos, desestimando que todos fueron absueltos en otros juicios. Así de simple.

No está escrito en el acta de acusación ni se determinó en ningún veredicto, quién dio las órdenes de matar en El Pavón y quién concretamente las ejecutó. De alguna manera debe haber habido una conspiración en algún lugar entre todos ellos. Así de simple. Así pues, el poder judicial de Ginebra de paso condenó los tres presuntos cómplices Vielmann, Giammattei y Figueroa, sin debido proceso, sin que éstos hubieran podido defenderse en Ginebra, y a pesar de los fallos absolutorios en el extranjero.

En el verano de 2017, el Tribunal Federal puso fin temporalmente a la farsa kafkiana de la justicia ginebrina. Debido a una serie de deficiencias fundamentales (violación de la presunción de inocencia, denegación del derecho a ser oído, motivación arbitraria), revocó la condena de Sperisen. Dado que el Tribunal Federal rara vez dicta sentencias directas, el caso volvió a Ginebra. Pero al menos Sperisen fue transferido de una celda al arresto domiciliario. A más tardar en ese momento, los supuestos "cazadores de crimen" se transformaron en cazados. De aquí en adelante se dedicaron principalmente a salvar su propio pellejo.

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7. De cazadores a cazados

De pronto hasta el fiscal Yves Bertossa y sus jueces cómplices se deben haber dado cuenta su acusación contra Erwin Sperisen no encajaba con los hechos. Pero ya no podían dar marcha atrás – liberarlo al ex jefe de la policía le hubiera costado millones de francos en indemnizaciones por una detención preventiva de cinco años.

Durante tres años -una eternidad para los estándares guatemaltecos- Erwin Sperisen había ocupado el cargo de jefe de policía. Habían sido años difíciles para su esposa y sus hijos. Sólo podían moverse con guardaespaldas, siempre se esperaban ataques. Las bandas de gánsteres intentaron permanentemente poner al jefe de policía de su lado con amenazas y ofertas de dinero a través de intermediarios. “Plomo o plata” se apoda ese conocido sistema, balas o dinero. Después de que el secuestro de su hijo mayor fuera apenas evitado a finales de 2006, Elisabeth Sperisen se trasladó con los niños a casa de sus suegros en Ginebra. En la primavera de 2007 Erwin Sperisen renunció a su cargo y viajó a Suiza para reunirse con su familia.

Todo parecía ir por buen camino. Sperisen tenía en las miras un puesto en la organización policial internacional Interpol en la cercana ciudad de Lyon, donde su trabajo en Guatemala había sido apreciado. Su esposa Elisabeth había encontrada trabajo en Ginebra en la misión diplomática de Guatemala ante la ONU, los niños se habían integrados con facilidad en Suiza. Todo parecía salir bien. Pero todos los planes fueron destruidos en 2010 con la acusación de la CICIG.

Ocho años después, en abril de 2018, se celebró un tercer juicio en Ginebra. Erwin Sperisen ya no llegó encadenado, entró en la sala del tribunal por el portón principal como un hombre libre. Lo que había comenzado como una tragedia se había convirtió definitivamente en farsa. El fiscal Yves Bertossa había mandado a traer dos agentes retirados de la CICIG desde España como testigos de acusación. El tiro se le fue por la culata. En el cruzado de los defensores, ambos investigadores españoles tuvieron que admitir que ellos mismos nunca estuvieron involucrados en la investigación del caso Sperisen. Contrariamente a lo que habían declarado anteriormente, sus acusaciones contra Sperisen se basaban únicamente en rumores recogidos de desconocidos en los restaurantes y bares de la Ciudad de Guatemala. Fue un chasco total para Bertossa. Normalmente se hubiera abierto una investigación por testimonio falso contra los españoles. Pero en este juicio, desde el principio nada era normal.

Las confesiones reveladoras de los investigadores de la CICIG no condujeron a la esperada absolución de Sperisen. Los testigos fueron simplemente desestimados. Sin dar explicaciones, el tribunal renunció de acusarlos por testimonio falsa y tergiversación. Como si los investigadores mentirosos nunca hubieran existido, removieron sus declaraciones del expediente. Era la continuación de una constante que se había mantenido a lo largo de todo el proceso: lo que no encajaba en el concepto de condena se sacó del juicio. Y, abracadabra, ya no existía. Así de simple.

El Tribunal de Apelación de Ginebra, presidido por Alessandra Cambi Favre-Bulle -que ya había presidido el segundo juicio y además había aprobado las órdenes de detención preventiva de Bertossa- inventó ahora una tercera versión del crimen. En contradicción diametral con las sentencias anteriores, Erwin Sperisen en una especie de degradación virtual fue declarado un subordinado de sus subordinados. Según esta nueva versión, ni ideó, ni planificó y ni llevó a cabo la masacre Sperisen, pero si encubrió el crimen. La culpa principal ahora caía a Javier Figueroa, quien estaba cerca de la escena del crimen. Como Figueroa era un amigo de la infancia de Sperisen, lo debía haber encubierto. Así de simple. Porque, como sabemos, amigos verdaderos sin duda alguna comparten todo secreto. Y Los coconspiradores originales – Vielmann y Giammattei – ya no se menciona en la sentencia, se les borró del mapa, repentinamente habían dejado de existir. Así de simple.

En la tercera versión, Sperisen sólo está inculpado de haber protegido Figueroa y no haberle investigado después del crimen. Por esto se fijó una pena de quince años de reclusión. Es la acusación más absurda de todas. Como jefe político de la policía, Sperisen habría cometido un delito si hubiera interferido en las investigaciones de los fiscales guatemaltecos, quienes estuvieron presentes en la redada de El Pavón desde el principio. El hecho que Javier Figueroa fue absuelto en el mismo asunto en Austria en 2013, no impidió al poder judicial de Ginebra condenarlo como asesino, sin que se produjeran nuevos hallazgos, en ausencia, sin acusación formal y sin que él pudiera defenderse.

Un año y medio después, en noviembre 2019, el Tribunal Federal, la instancia suprema de la justicia suiza con sede en Lausana, confirma esta sentencia. En Ginebra la reacción fue de un silencio extraño y sorprendente. Por fin la tan criticada justicia de Ginebra había logrado su éxito en un caso ejemplar. No obstante, nadie parecía estar entusiasta. No hubo entrevistas o declaraciones significantes ni grandes titulares. Los medios de comunicación se conformaron con notas breves, la victoria de Bertossa fue anunciada como si se tratara de un acontecimiento rutinario. Demasiadas violaciones de la ley, contradicciones y errores habían salido a la luz durante este juicio de siete años como para que se pudiera confiar en el resultado. Al final todos sabían que la meta principal fue de mantener las apariencias.

También el Tribunal Federal deja abierto el motivo de Sperisen. Reiteraron que el jefe de la policía no tuvo nada que ver con la "planificación, organización, ordenación, concepción, ejecución o supervisión" de la masacre en el Pavón. Aunque desconocido, según el Tribunal Supremo el motivo no podía haber sido altruista. ¿Por qué? No hay ninguna explicación. Tampoco hay motivación referente a la pena impuesta de quince años de prisión. ¿Por qué no diez años o veinte? Ni una palabra que nos explicaría el porqué, rien de rien.

El vacío argumentativo resulta más revelador que todas las fórmulas jurídicas que adornan lo inexplicado: ¿Como se va medir el castigo justo si no sabemos porque Sperisen habría cubierto unas ejecuciones jamás esclarecidas, cometidas supuestamente por alguien quien fue absuelto legalmente?

El hecho de que el fallo fue preparado y redactado por la jueza suprema Laura Jacquemoud Rossari, una vieja compañera del fiscal Bertossa proveniente del circulo jurídico de Ginebra, deja un sabor más que amargo. Cuatro jueces federales con su firma dieron su visto bueno a la sentencia, pero fue Jacquemoud Rossari quien manejó todo el procedimiento, solo ella estudió a fondo el dossier. Quizás el castigo de quince años se basa en matemática: Un tercio Sperisen ya purgó en detención preventiva, otro tercio le será perdonado por comportamiento impecable, lo que resta de pronto podría cumplir en semilibertad. Por si acaso se condena a un inocente, se habrán dicho los jueces, por lo menos no se pudre detrás de las rejas mucho tiempo. Quizás les ayudara a dormir mejor.

Si se pensaba emitir una señal con este juicio faro al mundo, fue un fracaso. A la vez de ser un ejemplo para la persecución penal global, más bien mostro los límites de ella. El caso Sperisen no aclaró nada de lo que supuestamente había ocurrido en la lejana Ciudad de Guatemala, pero dañó de manera irreparable la confianza en la justicia. El que escribe estas líneas, como periodista cubrió cientos de juicios, no solo en Suiza, sino también en Alemania, en Estados Unidos, en el Perú y hasta en el mismo Guatemala. Siempre le había parecido que Suiza era de envidiar por su justicia bastante civilizada. Con el caso Sperisen esta ilusión reventó como un globo inflado.

Elisabeth, la esposa de Erwin Sperisen, desde 2018 dirige la sección consular de la Embajada de Guatemala en Berna. El mismo presidente Jimmy Morales le había consiguió este empleo, que se puede entender como una discreta pero digna señal de protesta. El presidente electo, Alejandro Giammattei, envió un mensaje de solidaridad para Erwin Sperisen luego de su condenación por el Tribunal Federal. En su país de origen - qué amarga ironía – muchos consideran a Erwin Sperisen como una víctima de una justicia envenenada por la política. 40 000 seguidores en Facebook lo mantienen de humor con mensajes de ánimo al ex jefe de la PNC.

Aunque de pronto volverá a la semilibertad, nadie podrá devolver a Sperisen y a sus familiares los cinco años en la celda de aislamiento de Champs Dollon. Lo que debía ser una lección de Derechos Humanos terminó en injusticia y arbitrariedad, en un fracaso del estado de derecho. Se podría argumentar que el escándalo de Sperisen fue un caso muy particular que sólo podía ocurrir en circunstancias muy específicas. Donde hay seres humanos, ocurren errores, y si el destino lo quiere, una cadena de errores conduce al desastre. Pero no fueron errores humanos casuales. La ley se tergiversó con premeditación en las oficinas jurídicas de Ginebra. La injusticia no se impuso por negligencia, sino sistemáticamente.

En la llamada época de esclarecimiento, los inquisidores fueron expulsados de los tribunales. La responsabilidad y el dolo individual se convirtieron en el eje central de la justicia penal. La Revolución Francesa liberó la jurisdicción de los gabinetes feudales y la transfirió al pueblo. Se puso la justicia en manos de jurados populares que se ocuparon del fallo justo, los fiscales y los abogados quedaban como garantes de la ley y del proceso debido. Los juristas y los jurados se controlaron uno al otro. Fue quizás el mayor logro de la civilización en los últimos mil años, bajo las recetas ya elaboradas por los grandes filósofos griegos y los juristas romanos hace 2000 años.

Si uno contempla los siete años de juicios kafkianos contra Erwin Sperisen en retrospectiva, parece que todos estos logros de civilizatorios fueron borrados con un plumazo. Los principios sagrados del juicio debido – ne bis in idem, nulla poena sine lege, in dubio pro reo, audiatur et altera pars, el principio de acusación, el principio del dolo – fueron pisoteados como si fueron obsoletos reminiscencias de algún pasado remoto. Como en los tiempos de la Santa Inquisición se desestimó todo lo que no encajaba, lo que se interponía en el camino de la condena premeditada. Erwin Sperisen era una figura abstracta y básicamente intercambiable para los fiscales y jueces suizos. Había que imponer un ejemplo, cueste lo que cueste.

¿Cómo es posible que un sistema de justicia comprobado y refinado a lo largo de los siglos se disuelva de esta manera? Los fiscales y jueces de Ginebra son, sin duda, son los principales responsables. Impulsados por una arrogancia colonialista, querían jugar el papel de policías mundiales. Pero la raíz que nutrió este juicio medieval nos lleva al otro lado del Atlántico, a Guatemala.

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8. Lawfare o la continuación de la guerra con otros medios

El caso Sperisen es uno de cientos procesos políticos que tiene lugar en Guatemala. Los que deberían proteger y garantizar el estado de derecho se han vuelto la peor amenaza para el mismo.

La instalación de la CICIG ha provocado una verdadera avalancha de juicios políticos que han desestabilizado a Guatemala y han llevado el país al borde del colapso institucional. Según el diario Prensa Libre, a finales del 2017 unos 150 políticos o altos funcionarios estatales estuvieron presos en Guatemala, la mayoría de ellos en detención preventiva y con juicio pendiente. En la mayoría de los casos son manejados por la comisión internacional CICIG que también en el caso Sperisen armó la acusación.

¿Cuántos de los detenidos serán culpables? Algunos sin duda. En la mayoría de los casos se trata de acusaciones por corrupción o violaciones de los Derechos Humanos, flagelos horribles lamentablemente comunes en América Latina. Las coimas y el nepotismo son los mayores enemigos de un desarrollo prospero sostenible. Los políticos tienen una pésima reputación. Solo hay una instancia con una fama aún peor, y esto es el aparato jurídico, los fiscales y los jueces que supuestamente deberían luchar contra la corrupción.

La gran pregunta es: ¿Cómo se quiere combatir la corrupción con corruptos? Es como si se pondría la lucha contra el abuso de menores en manos de los pedófilos.

El uso de procedimientos legales excesivos con el fin de dañar o hasta derrumbar al opositor político aún no está tan de moda en Europa, pero si en los Estados Unidos. Lo más simple es armar un caso picante de genero para tal fin. El demócrata Bill Clinton golpeado por el asunto Lewinsky es solo uno de varios ejemplos de la década de los ’90. Trataron de repetir la hazaña montando Stormy Daniels en contra del republicano Donald Trump. Como no dio resultado, los demócratas cambiaron de estrategia. Hace cuatro años buscan sin cesar como derrocar el presidente elegido democráticamente a través de un impeachment.

En los EEUU la táctica que usa la justicia como continuación de la política con otros medios denomina lawfare - una combinación de law (ley) y warfare (guerra). La meta no es necesariamente que el oponente sea condenado. El proceso por si puede cumplir con el fin: Daña la reputación de la persona en cuestión, en el caso ideal tal vez incluso la policía delante de todas las cameras le lleva esposado en a la detención preventiva, la inmovilice en sus recursos y posiblemente la lleve a la ruina financiera. Si la persona cuestionada es absuelta luego de años de juicios, no importa, porque nadie lo recuerda, nadie le interesa. El daño ya está hecho, la reputación arruinada, los ojos del público ya están clavados en el próximo escándalo.

En el mejor de los casos, el poder judicial desempeña el papel del tonto útil en este concepto cínico, que pervierte el derecho en injusticia. En EEUU por lo menos hay un sistema jurídico bastante sólido, funcional y confiable que impide que la guerra política en los tribunales se vuelva una amenaza vital para el estado. En América Latina lamentablemente los sistemas judiciales suelen ser mucho más vulnerables. La justicia es una presa fácil para jueces y fiscales politizados y corruptos, que participan activamente en estas cazas de brujas.

Según Latinobarómetro, una ONG patrocinada por países europeos viene examinando el estado de ánimo en 18 estados latinoamericanos durante las últimas dos décadas con encuestas anuales, los guatemaltecos perciben el crimen común como mayor problema y preocupación diaria. El 15,5 % de los encuestados confía "un poco" en la policía, pero sólo el 9,5 % por ciento confía realmente en ella. El gobierno está alguito mejor con un 10,5 % de confianza completa, el poder judicial con un 8,2 % se encuentra aún debajo de la policía. Los 23,8 % de confianza que percibe el ejército parecen ya casi de lujo en este ámbito. La única institución que goza de una reputación impecable en toda América Latina (98 %) es el cuerpo de bomberos.

Que alguien esté en prisión puede significar simplemente que pertenece al partido equivocado, que sus oponentes tienen mejores relaciones con el poder judicial - o que no pudo costear el soborno de los fiscales y jueces. En un llamado caso mediático un juicio justo es casi imposible. Cuando los medios de comunicación -desgraciadamente no exentos de corrupción tampoco- exigen un ejemplo, los jueces rara vez se atreven a oponerse, por muy débiles que sean las pruebas. Si no ceden al supuesto llamado imperativo la calle, casi automáticamente se gira la acusación de corrupción en contra de ellos mismo.

Aparte de Guatemala, particularmente Colombia y Perú están afectados por la plaga de lawfare. Hay una explicación simple: Los tres países han sufrido recientemente el terror continuo de la guerrilla, que no solo debilitó las instituciones estatales sino también llevó a una siniestra politización del sistema judicial. Tras la derrota de las guerrillas, la izquierda marxista prácticamente ha desaparecido del mapa electoral, mas no de los tribunales y de las fiscalías. Son los últimos bastiones de la lucha de clases. Hay una red internacional bastante eficiente y perfectamente interconectada a través de ONG que promulga esta guerra silenciosa y no declarada. Pero hay que recordar también, que las armas más eficientes de estos guerrilleros jurídicos – la llamada colaboración eficaz, las acusaciones negociadas y los programas de protección de testigos - alguna vez fueron introducidos por la lucha contra el terror guerrillero en el campo.

En el Perú, el fenómeno de lawfare ha llevado el estado al borde de la ingobernabilidad. Los cinco presidentes -democráticamente elegidos- y varios ministros que han gobernado el Perú en las últimas tres décadas, están ahora bajo investigación criminal, la mayoría presa o bajo arresto domiciliario. No sorprendería, si el actual presidente luego de su demisión correrá la misma suerte. ¿Son culpables? Tal vez si, tal vez no. Aparte de Alberto Fujimori quien fue condenado bajo el concepto meramente político de la “autoría mediata” por violaciones de Derechos Humanos, ninguno de los ex dignatarios ha sido condenado. Los complicados y prolongados juicios tienen un solo patrón: el testimonio poco convincente de los testigos comprados o forzados bajo el concepto de la “colaboración eficaz” contrasta con una flagrante falta de pruebas tangibles.

En octubre de 2018 por ejemplo, la líder de la oposición y diputada Keiko Fujimori fue arrestada en Lima. Se le dicto tres años de prisión preventiva (para los que creen en casualidades: eran exactamente los tres años que faltaban para las elecciones previstas en el 2021). En noviembre del 2019 sin embargo, luego que el presidente disolviera de manera inconstitucionalmente el congreso, la Corte Constitucional liberó a Keiko Fujimori. Ya no iba regresar al parlamento (inexistente), entonces podían soltarla.

El partido de Keiko está acusado de haber ocultado donaciones en la campaña electoral de 2011. Es probable que sea cierto. Fueron maniobras al margen de la ley que la mayoría de los partidos políticos practicaban en la época, ya que entonces no fue un delito penal, sino una falta administrativa. Aparentemente, las donaciones más grandes se dividieron en pequeños aportes para ocultar al donante. No está nada claro si Fujimori dio la orden para esta práctica, pero en realidad no importa jurídicamente porque el asunto sin duda ha prescrito. Así que la fiscalía se inventó una formula fabulosa: se armó un caso de "crimen organizado" y "blanqueo de dinero" considerando el partido de Keiko como “organización criminal”, a pesar que nada comprueba que los aportes hayan sido ligados al narcotráfico o a la corrupción.

La cuestión no es, si a uno le guste o no las ideas políticas de Keiko Fujimori. Para la batalla entre ideas políticas está el foro político, se pelea con palabras y argumentos, no con rejas y calabozos. Los tiempos, cuando unos generales y sus esbirros metieron preso a la oposición, son historia. Hoy son juristas con sus corbatas elegantes, ternos de seda y cuello blanco que se encargan del trabajo sucio.

"No hay más guerrilleros en el campo", dijo el abogado de Byron Lima al margen del juicio en el caso Gerardi en Guatemala, "la lucha está teniendo lugar hoy en las salas de los tribunales; los medios pueden haber cambiado, los objetivos son los mismos.” Y como en toda guerra, sea que se luche con armas o con párrafos, tanto culpables como inocentes pagan. Y como en cualquier guerra, la primera víctima siempre es la verdad.

Cuando el joven Erwin Sperisen en 2004 decidió asumir el mando de la Policía Nacional Civil de Guatemala y no el de los bomberos, sabía que se jactaba en un tanque de tiburones, del cual pocos salen ilesos. Aceptó el reto sabiendo lo que le esperaba. Erwin Sperisen había nacido en medio del terror de las guerrillas, pero su adolescencia también fue impregnada por las esperanzas de una nueva generación. Había recibido una educación privilegiada, creyó que era posible liberar a su país de la barbarie y transformarlo en una civilización moderna superando la lucha de clases y razas. No quería dejar el campo a los criminales. Eso fue quizás ingenuo. Pero nadie se podía imaginar en esta época que su destino terminaría en una cárcel de Ginebra.

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10. Derechos inhumanos

Luego de una serie de escándalos la CICIG tiene que dejar Guatemala. En enero del 2020 una comisión investigadora del parlamento de Guatemala publica un informe que concluye con graves acusaciones contra los investigadores internacionales. El informe es base de una demanda de revisión del fallo injusto contra Erwin Sperisen en Suiza.

El 28 de octubre de 2016, a las 5:40 de la mañana una unidad de policía fuertemente armada con una orden de captura emitida por el comité internacional de investigación CICIG asalta la casa privada del ex ministro de finanzas y empresario Pavel Centeno en Ciudad Guatemala. Como la ley guatemalteca prohíbe los registros nocturnos, Centeno cree en un robo y dispara a los intrusos. En el curso de un tiroteo, la policía lo mata⁷. Como se descubrirá más tarde, la policía asaltó la casa equivocada. La orden de arresto correspondía a un tal Ronald García, a quien la CICIG estaba investigando por lavado de dinero.

Según la versión oficial, Pavel Centeno se suicidó. Las fotos de la escena del crimen contradicen esta teoría. El hombre muerto tenía un cartucho en la mano izquierda. Pero es casi imposible que se haya disparado con la mano derecha porque su brazo derecho tenía una fuerte herida de bala. Para suicidarse, Centeno debería haberse disparado con izquierda ilesa, luego dejar caer el arma para agarrar el cartucho. No encaja. Ni Lucky Luke, quien como es conocido disparaba más rápido que su sombra, hubiera sido capaz de tal hazaña.

Cuatro días después del fatal incidente, la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala presentó una denuncia penal contra la CICIG y sus mandos. Como jefe de la CICIG, Iván Velázquez compartía una responsabilidad de mando en la tragedia. Siguiendo los propios principios de la CICIG por lo menos se hubiera esperado una investigación en contra de Velázquez. Pero nunca sucedió. El colombiano Iván Velázquez logró hacer valer su inmunidad diplomática que supuestamente le correspondía.

Efectivamente, el tratado entre la ONU y Guatemala otorgaba inmunidad diplomática a los investigadores de la CICIG. Algunos abogados constitucionalistas ya habían señalado desde el comienzo que se trataba de una constelación jurídicamente imposible, ya que el estatuto diplomático prohíbe estrictamente toda injerencia en los asuntos internos de un país anfitrión. Uno puede ser o diplomático o investigador, más uno excluye al otro. De hecho, la interferencia en los asuntos internos de Guatemala fue la principal misión de la CICIG, y fueron intervenciones al más alto nivel político.

La muerte inexplicable de Pavel Centeno fue la gota que hizo derramar el vaso. Desde que el colombiano Iván Velázquez asumió el liderazgo de la CICIG en finales de 2013, los investigadores internacionales se habían convertido en el actor quizás más poderoso de la política guatemalteca. Libre de cualquier control, Velázquez y sus ayudantes determinaron cual político iría tras las rejas y quién se salva. Velázquez, portador del "Premio Nobel Alternativo"⁸, ya en su país de origen se había ganado la reputación de un "caudillo de la justicia social"⁹ con sus juicios políticos contra el gobierno de Álvaro Uribe. En Colombia era conocido que Velázquez no se avergonzó de confraternizar con ex guerrilleros confesos, mientras que dirigía sus juicios con mayor dureza contra sus oponentes políticos.

El 25 de agosto de 2017, el presidente guatemalteco Jimmy Morales declaró al líder de la CICIG persona no grata y lo expulsó del país. Ya que Velázquez se valía de su estatus diplomático, el presidente tenía indudablemente esta competencia en virtud de la Convención de Viena. Ni siquiera tuvo que justificar la expulsión del Velázquez. Pero la CICIG se hacia sus propias leyes, y su respuesta no tardó en llegar. Inmediatamente impugnó ante el Tribunal Constitucional la revocación del estatuto diplomático. Cinco días después, el 30 de agosto de 2017, la CICIG inició un proceso penal contra el hijo y el hermano del presidente Morales por presuntas irregularidades administrativas en la compra de tierras.

Luego da largos procesos en la Corte Constitucional, en 2019 los investigadores internacionales no gratos finalmente fueron expulsados de Guatemala. La CICIG no sólo tenía la política bajo control, sino también a jueces y fiscales guatemaltecos. Quien no bailaba al compás de su manó corría el riesgo de ser encarcelado, bajo un título legal que sea, o al menos de tener que enfrentarse a una ruinosa investigación. Los mercenarios extranjeros de la justicia se habían convertido así en una amenaza para la democracia y el estado de derecho, para cuya protección fueron llamados al país.

La CICIG no mejoró en nada la amenaza criminal en Guatemala, ni en las calles ni en las prisiones. Las noticias sobre violencia y homicidios impugnes siguen siendo rutina cotidiana. El 8 de mayo de 2019, siete prisioneros murieron por balas en un motín en El Pavón. La probabilidad de que los culpables sean condenados es casi nula. Tres meses después, el 11 de agosto de 2019, Alejandro Giammattei – condenado en Ginebra junto a Erwin Sperisen en ausencia y sin juicio propio por el “caso Pavón”, a pesar que anteriormente fue absuelto en Guatemala por exactamente el mismo delito -, fue elegido presidente de Guatemala en un sufragio libre con casi el 60 por ciento de los votos. Fue un rechazo popular a la injusticia política en el nombre de la justicia que no pudo ser más claro.

En enero de 2020 una comisión investigadora del parlamento de Guatemala publica un informa que concluye en una serie de acusaciones graves contra CICIG. La comisión de investigadores internacionales que deberían combatir la corrupción a alto nivel en Guatemala se había vuelto una especie de estado en el estado, que sin respecto a las leyes y sin control había vuelto la justicia en un campo de batalla política. El informe del parlamento guatemalteco dio lugar a una revisión del juicio contra Erwin Sperisen pendiente en la Corte Suprema Federal Suiza.

 

 

 ^7 Liga pro Patria, CICIG y el Imperio de la Ley, Guatemala mayo 2018 ligapropatria.com/2018/03/22/informe-1-homicidio-impune-por-inmunidad-diplomatica/

^ 8 Right Livelihood Award

^9 antiguareport.com/2018/07/ivan-velasquez-social-justice-caudillo/

 

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11. "Una pesadilla sin fin"

Después de cinco años de detención preventiva, en septiembre 2017 Erwin Sperisen fue liberado por orden de la Corte Suprema Federal de Suiza. En una entrevista, el ex jefe de policía guatemalteco habla sobre su relación con Suiza, sus experiencias con los tribunales de Ginebra, los 1849 días de confinamiento solitario, y lejos de su familia -y la responsabilidad no aclarada de la ejecución de los siete detenidos en la prisión de Pavón.

El Palacio de Justicia relumbra de forma majestuoso en la cálida luz del sol de otoño, de vez en cuando interrumpe un grito alegre de niños jugando o un ladrido de perro desde el cercano paseo Saint-Antoine un ambiente pacífico y amigable. En las terrazas de los cafés del casco histórico de Ginebra reina una convivencia tranquila, en el horizonte se nota la fuente “Jet d’Eau”, famoso símbolo de la ciudad de Calvino. Cuando Erwin Sperisen mira por la ventana de su apartamento, la ciudad de Ginebra se presenta su cara encantadora, casi cursi.

El mundo detrás de la fachada pintoresca del apartamento Sperisen es un poco menos romántico. Los padres comparten una habitación pequeña, los tres niños duermen en la cocina-comedor. El servicio social de Ginebra no concede más a la familia Sperisen de la que más de uno le hubiera gustado deshacerse desde hace mucho tiempo. Pero Erwin Sperisen no puede moverse. Un brazalete electrónico lo impide. Y él no quiere moverse. Porque él hombre de 47 años está luchando por su rehabilitación. Una cuestión de honor y principios.

Alex Baur: según la sentencia del Tribunal Federal, no cabe duda que algunos reclusos han sido ejecutados durante la toma de la prisión de Pavón, hace ya once años - pero no está demostrado que usted sea responsable. ¿Quién mató a siete reclusos?

Me he hecho esta pregunta una y otra vez. Fue una operación a gran escala. 2500 miembros de las fuerzas del orden - ejército, policía, fuerzas especiales, personal penitenciario - se encargaron a recuperar el control sobre los1,800 internos. Yo estaba en el otro extremo de la prisión, a 300 metros de donde ocurrió el tiroteo. Las imágenes de video demuestran que se dispararon tiros desde la prisión. Había mucha gente allí. Así que no tengo dudas de que efectivamente se haya producido un intercambio de disparos entre los detenidos y la policía. Vi a los muertos a una distancia de unos veinte metros. No era mi trabajo investigar estos casos de muerte. El fiscal del Ministerio Publico había estado presente desde el inicio de la intervención. Inmediatamente los fiscales comenzaron a levantar pruebas cuando la situación estaba bajo control. Hubiera estado sujeto a enjuiciamiento si yo hubiera interferido en la investigación del MP. Lamentablemente, debido a los informes de la autopsia, hoy debemos suponer que hubo ejecuciones, al menos en tres casos. En ese momento, sin embargo, no tenía idea de las investigaciones, que era únicamente un asunto del fiscal. Fue un procedimiento de la justicia guatemalteca.

¿Por qué estaba el Ministerio Publico en el sitio desde el principio?

Sabíamos que los reclusos estaban armados. Temíamos, en parte debido a incidentes anteriores, que hubiera heridos y muertos. Los servicios de salud calculaban, en el peor de los casos, con un centenar de muertes.

Rápidamente corrieron sospechas de que las ejecuciones habían ocurrido durante el asalto de la prisión.

Pero estas sospechas no se basaron en investigaciones realizadas por el Ministerio Público. Sergio Morales, el Procurador de los Derechos Humanos, lo circuló tres meses después del evento. Sin embargo, esta versión se basó solo en rumores, fue nada concreto.

De todos modos, las lesiones y la evidencia indican que hubo ejecuciones. Es poco probable que los detenidos se suicidaron.

Esto es lo que las autopsias permiten asumir hoy - no en todos los casos, pero por lo menos en tres. Pero en ese momento, no me informaron sobre las investigaciones del Ministerio Público. No fue sino hasta cuatro años más tarde, cuando tuve conocimiento de las conclusiones de los hallazgos, que en realidad estaban llenos de diferencias. Este es el principal problema de todo este procedimiento: no hubo ninguna investigación correcta todo estuvo bajo una fuerte presión política.

Alguien debe haber ordenado y llevado a cabo estas ejecuciones. Estos pueden incluir la policía, el ejército, los servicios secretos, las fuerzas especiales del Ministerio del Interior, el personal penitenciario y las pandillas competidoras. Todos estaban armados. ¿Qué piensa usted?

No lo sé. Solo puedo decir una cosa: nunca hubo una estrategia ordenada desde arriba, como lo afirmó el fiscal de Ginebra, Yves Bertossa. Todos los sospechosos - nuestro superior, el ministro del Interior Carlos Vielmann, mi colega, el Director del sistema penitenciario Dr. Alejandro Giammatei, mis subordinados, los jefes de la intervención Javier Figueroa y Mario García Frech - han sido absueltos. Sin embargo, hay una figura central en esta historia que nunca ha sido acusada: Luis Linares Pérez. Fue el testigo clave de la fiscalía.

¿Puede explicar eso?

Linares Pérez era del Servicio de Inteligencia de Presidios, cuyo papel, curiosamente, nunca ha sido investigado. Linares Pérez estaba a cargo de los preparativos para la intervención, estuvo involucrado en los tiroteos. Unos días antes de la intervención, hubo un conflicto entre los narcotraficantes detenidos y antiguos colegas del ejército de Linares Pérez. Linares Pérez se convirtió luego en el principal testigo de la acusación. En sus declaraciones, - que, sea dicho de paso, ni siquiera me incriminan directamente - están llenas de contradicciones. Él ha cambiado su versión más que una vez, adaptándola al progreso de la investigación. Sospecho que él quería exculparse denunciando a otras personas. Como recompensa, recibió impunidad y una visa de residencia para Canadá.

Según la acusación, los "Riveritas", una unidad de comando semiprivada bajo las órdenes directas del Ministro del Interior, desempeñó un papel clave en el tiroteo. Un tal Víctor Rivera, un venezolano al que se le atribuye un pasado en la CIA, supuestamente había mandado a las tropas. Según Bertossa, él era el hombre responsable de las "acciones de limpieza social”.

Lo que es cierto es que Rivera anteriormente dirigía una empresa de seguridad privada que trabajaba estrechamente con la policía y el Ministerio del Interior. Fue contratado por víctimas o familiares principalmente en casos de secuestros, robos de bancos y otras formas de crimen organizado. Esto se debió al hecho de que una empresa de seguridad privada puede actuar de manera mucho más flexible y ágil que la policía, que, como todas las instituciones estatales, opera con mucha pesadez y burocracia en Guatemala. Pero Rivera en el momento de los hechos había trabajado ya durante varios años como asesor del Ministro del Interior. Es cierto que me sorprendió ver al Sr. Rivera y sus hombres en el lugar al final de la toma de control. El plan preveía que el ejército y la policía aseguraran la prisión. El objetivo era desmantelar las organizaciones criminales que habían tomado el control de Pavón. Nunca fue una cuestión de acciones de limpieza social.

¿Él no debía eliminar la delincuencia organizada a través de un crimen de estado?

Si ese hubiera sido el caso, habríamos procedido de manera diferente Habíamos sospechado el centro la resistencia en otro lugar, en la entrada principal. Es por eso que yo estaba allí. El asalto en el lado sur era previsto como una suerte de distracción. Fue allí donde el tiroteo tuvo lugar frente al "chalet" del capo narcotraficante colombiano Jorge Batres. Batres tenía su propio edificio en el complejo de la prisión, tenía guardaespaldas, armas, cámaras, amas de casa y todo lo que eso conllevaba.

Antes de la intervención en la prisión, había habido amenazas de la mafia contra el Director del sistema penitenciario, Alejandro Giammatei: o la operación era cancelada o su familia entera sería asesinada. Si podemos contar con algo en Guatemala, es la venganza de la mafia. Sería lógico, tal vez incluso comprensible, para los funcionarios decir esto: liquidemos a los líderes de la mafia antes de que nos liquiden a nosotros y nuestros seres queridos.

No puedo negar que esa hipótesis tendría cierta lógica, y efectivamente se planteó en su momento contra el Dr.Giammattei. Pero Giammatei fue absuelto, y creo que fue absuelto con justa razón. Y si ese hubiera sido el caso, habría sido responsabilidad de las autoridades del sistema penal, no la mío. Yo no hubiera ganado nada participando en tal conjuración, pero si hubiese arriesgado mucho. No tuve conocimiento de ninguna amenaza de los detenidos en Pavón.

Sus oponentes políticos lo acusan haber participado sistemáticamente en “operaciones de limpieza social”. Esta sospecha está en el aire desde la guerra de las guerrillas. Hay casi 6.000 asesinatos en Guatemala cada año, la mayoría de ellos nunca se aclaran, el sistema judicial falla miserablemente. Otra vez le pregunto: ¿No será que se quería combatir el crimen con el crimen?

Desde la Conquista, estas atrocidades han sido recurrentes en Guatemala, en realidad también antes. Me presenté para luchar contra la violencia. Mi politización se remonta a los años 90. Era la época de las negociaciones de paz. Pertenezco a una generación comprometida con la esperanza y la voluntad de derrotar al terror y convertir a Guatemala en una nación moderna y civilizada. Mis mayores dificultades fueron en misma policía incluso porque no acepto la corrupción o el linchamiento.

En algunos medios de comunicación le pintan como fanático evangélico que predica la guerra santa contra el crimen. ¿Cómo se posiciona en esto?

¡Es una infamia! Fue un periodista de El Salvador quien lanzó esta teoría, y luego la repitieron otros. No tiene sentido, va en contra de mis principios. Sí, soy protestante. Pero nunca he predicado mi fe y nunca he sido un fanático. Lo que es cierto es que una vez tuve, como jefe de policía, un programa de televisión en una cadena evangélica. Entonces tenía la ambición de hacer una carrera política. Pero la religión nunca ha sido abordada en mi programa que siempre ha girado en torno a la seguridad y el trabajo de la policía. El canal vino a buscarme no porque fuera protestante, sino porque la empresa quería transmitir algo que no tenía nada que ver con la religión y que le interesara al público. Tenía una sintonía de seis millones de espectadores, incluido muchos oficiales de la policía que alcancé de esta manera. Fue un programa en el que se incluían numerosas llamadas en vivo de televidentes que se quejaban de los problemas de seguridad, pero también sobre los abusos cometidos por la policía.

El tema de la religión también estuvo presente en el juicio de Ginebra como una acusación muda pero implícita. Los evangelistas tienen la reputación de ser la "línea dura" de la derecha.

Hay razones históricas para esto. Con lo que se ha llamado la teología de la liberación, surgió una alianza entre las guerrillas y partes de la Iglesia Católica, especialmente los jesuitas, en toda América Central. Hoy en día, casi la mitad de la población de Guatemala es protestante. Esto provoca tensiones que están totalmente caricaturizadas en Europa. En toda América del Norte y América del Sur, la libertad religiosa siempre ha tenido un significado diferente del que tiene en Europa. Según nuestro punto de vista, la religión se considera un asunto estrictamente privado de cada uno. En Europa, siempre ha sido una cuestión de proteger al estado de la influencia de las iglesias; en las Américas, la prioridad era lo contrario: las iglesias debían ser protegidas de la influencia del estado.

¿Dónde Ud. se ubica políticamente?

Yo soy generalmente conservador, centro-derecha. No soy participe de los extremos. Creo que las cosas tienen que desarrollarse gradualmente y por su propio peso. Sí, creo en los valores cristianos tradicionales. No debemos tirar por la borda de un día para otro lo que seis mil años de tradición nos ha dado. En asuntos económicos, soy más bien de una tendencia de Hayek que de Keynes. Creo que un estado pequeño debe estar al servicio de su gente, y no al revés.

La izquierda de Ginebra le describe como un oligarca. ¿Qué piensa?

Mis abuelos tenían una pequeña vidrieria en Guatemala. Perdieron todo en los años 60 cuando mi abuelo se enfermó. Mi padre se hizo cargo de su propia vidriería y carpintería, que con el tiempo se convirtió en una pequeña fábrica de muebles. Llegó a la política a través de la Asociación de Productos no tradicionales, luego a su mandato en Ginebra, donde representa a Guatemala en la OMC. Crecí en un ambiente de clase media.

¿Qué hay de su relación con Suiza?

A diferencia de mi padre, no aprendí ninguno de los idiomas nacionales. Sin embargo, vine a Suiza a la edad de veinte años, para hacer el servicio militar, como lo hizo mi padre en su época. Pero no me aceptaron; por un lado, debido a mi falta de conocimiento del idioma, por otro lado, mi entusiasmo por el ejército suscitó desconfianza. Ya sé que pueden poner esto en mi contra ahora, pero no soy un Rambo. Me dijeron que en el ejército suizo, sólo quieren a soldados que no quieren estar en el ejercito (se ríe).

¿Su formación?

Estudié administración de empresas en Guatemala e hice prácticas en un hotel. Mi jefe estuvo involucrado en la política. Él despertó mi entusiasmo por la política y me hizo venir a la Municipalidad de Guatemala. Trabajé allí como asistente del alcalde. Más tarde, hice una pasantía en la Procuraduría de la Nación que esta separada de Ministerio Publico en Guatemala. Me gradué en Ciencias Políticas, costando mis estudios con mi propio trabajo. Conocí a mi esposa Elizabeth en la universidad. Ella es de El Salvador, pero también tiene raíces suizas.

¿Cómo se convierte en jefe político de la "Policía Nacional Civil" de Guatemala?

Cuando era adolescente, me gradué de Bombero Municipal y en Protección Civil. Sé que talvez suena algo cursi, especialmente en mi papel de supuesto perpetrador de una masacre. Pero es así: Siempre he tenido una vocación por el bien común. En 2004, me propusieron ser el comandante al mando de los bomberos en toda Guatemala. Ya estaba en medio de las negociaciones cuando el Ministro del Interior, Carlos Vielmann, me ofreció, para mi sorpresa, el puesto de jefe de la policía. Él me dio diez horas para pensar. Temí que este cargo fuera de mucho peso para mí. Yo no pertenecía al partido en el poder. Tenía 34 años, no tenía experiencia con la policía nacional, solo con la policía municipal. Mis amigos y familiares me suplicaron de rodillas para rechazar esta propuesta. La policía tiene muy mala reputación en Guatemala, se considera un cementerio político. En los bomberos en cambio hay pocas posibilidades de cometer errores. Pero finalmente dije: no podemos criticar a la policía, luego escondernos cuando tenemos la oportunidad de mejorar algo. Así que acepté a la mañana siguiente.

¿Cuánto ganaba como jefe de la policía?

Alrededor de 2,800 Dólares por mes. Mi esposa ganaba más como consultora (se ríe). Con solo mi salario no nos hubiera permitido pagar la escuela por los tres hijos y la hipoteca de nuestra casa. Después de dejar la policía, publiqué mis finanzas: tenía menos dinero que antes de asumir el cargo.

¿Cuáles eran sus principales preocupaciones como jefe de la policía?

Carecía de todo, desde los uniformes decentes hasta los inodoros en los puestos de guardia. En términos generales, hubo tres problemas: personal, equipo, comunicación. Como parte de un primer inventario, definimos más de 500 proyectos, de los cuales pude lanzar aproximadamente la mitad y completar algunos de ellos en tres años, es decir, durante mi mandato. Además de la infraestructura, la corrupción era el problema superior. Hemos establecido un seguro de vida para las viudas de policías asesinados, guarderías, servicios médicos para familiares cercanos, construcción de urbanizaciones seguras, capacitación mejorada y oportunidades de carrera. Fuimos la primera fuerza policial en toda América en equipar todos los vehículos con un sistema de rastreo por GPS y algunas con cámaras. El objetivo era crear un vínculo más fuerte entre los policías y la institución, para protegerlos, pero también para controlarlos. Estas son las formas más efectivas de lucha contra la corrupción. Un oficial de policía que tiene mucho que perder piensa dos veces antes de recibir una coima. Luego puse énfasis en la coordinación internacional. Estuve muy activo como Presidente de la Organización de Jefes de Policía de América Central y el Caribe, así como en la Interpol.

Durante su mandato, se constituyó a la comisión internacional de investigación CICIG*. Es ella que iniciará más tarde diligencias a su contra. ¿Cuál fue el objetivo?

Inicialmente, la idea era crear una autoridad para investigar y luchar contra las estructuras paralelas de las mafias dentro de los organismos estatales. Había en todas partes tales organizaciones clandestinas que practicaban la corrupción en las comunas, en las aduanas, en el ejército. También se hablaba de "operaciones de limpieza social". Queríamos establecer una organización con apoyo internacional porque no podíamos confiar en nuestro propio personal. Yo apoyé completamente su acción. Pero cuando en 2008 el nuevo gobierno llegó al poder, la CICIG cambió su enfoque.

¿Por qué?

Evidentemente, la CICIG no lograba avanzar en la lucha contra la mafia en el seno de las estructuras estatales. Había que presentar resultados, entonces se apoderó de lo que parecía más fácil. El nuevo gobierno de Álvaro Colom autorizo, por consiguiente, que la CICIG investigara los sucesos en Pavón que se habían convertido en un asunto político. Las demandas contra nosotros también desviaron los ojos de un escándalo de corrupción y asesinato, el caso Rodrigo Rosenberg los Musa, que había causado una crisis seria dentro del gobierno de Colom. La operación de Pavón fue hasta ese momento considerada un éxito del anterior gobierno de Oscar Berger. Los enjuiciamientos de la CICIG tenían como objetivo desmantelar esta imagen positiva y desprestigiarnos. Después de mi renuncia, obtuve un índice muy alto de popularidad en las encuestas de opinión, el director del sistema penitenciario Alejandro Giammatei incluso llegó a ser un candidato potencial para presidente del próximo gobierno.

¿Por qué renunció en 2006 y se trasladó a Ginebra?

Hubo varios intentos de asesinato en mi contra. Mi helicóptero fue saboteado, granadas devastaron la oficina en que nos encontrábamos, nos dispararon una vez y otra vez en mi automóvil. También hubo amenazas concretas contra mi esposa e hijos. Primero envié a mi familia a los Estados Unidos, pero las autoridades estadounidenses con las que tenía un contacto muy bueno no pudieron darnos las garantías necesarias. La mafia de la droga está activa primordialmente en los Estados Unidos. Es por eso que envié a mi familia a Ginebra, donde mi padre trabaja en la OMC.

¿Que contaba de hacer luego en Ginebra?

Planeábamos una estadía solamente de un año hasta que la situación se calmara en Guatemala. Pero mi esposa encontró un trabajo en la misión permanente de Guatemala en la ONU, los niños se aclimataron. Fue entonces cuando se produjo el escándalo del asesinato de tres parlamentarios por parte de agentes de policía. Fue una historia complicada en la que el dinero de la droga desempeñaba un papel. Los dispositivos de GPS que había instalado en los vehículos de la policía permitieron identificar a los oficiales de policía. Sin embargo, decidí renunciar al mismo tiempo que el Ministro del Interior. Dudé mucho tiempo. Fue una decisión netamente política, nunca se me imputaron fallas. Así es como vine a buscar a mi familia en Suiza.

¿Por qué hubo ataques contra usted y su familia?

Nunca he caído en el juego con ninguna pandilla o banda de la mafia o narcotráfico o crimen organizado.

¿Qué quiere decir con eso?

Las ofertas siempre llegan a través de terceros, informantes de segunda categoría, nunca directamente de los capos. Comienza inocentemente. Una pandilla de la mafia pasa información sobre una pandilla rival a la policía, finge de ser cooperativa. En un primer momento hay arrestos, prestigio. Esto crea una proximidad que rápidamente se vuelve peligrosa. Para el agente de policía que enfrenta problemas de dinero todos los días, existe una gran tentación de desviar un poco de dinero para él o para la institución. Pero eso hace que la policía sea vulnerable al chantaje. Los organismos internacionales como la DEA operan sobre esta base. Ellos unen fuerzas con una pandilla para pelear entre ellos. Puse fin a esta práctica en Guatemala. Como principio, ya no colaboramos más con ninguna pandilla. Aunque hubo menos arrestos espectaculares, ninguna pandilla podría respaldarse en una protección policial. Aquí es donde comenzaron las amenazas de muerte y los ataques, combinados con ofertas de hombres en posiciones de poder. Es el sistema clásico: "plomo o plata". Uno puede elegir entre el dinero o una bala.

¿Huyó de Guatemala?

No. El gobierno guatemalteco pagó los billetes de avión, primero para mi familia y luego para mí. Porque el gobierno ya no pudo garantizar por nuestra seguridad. Las acusaciones de la CICIG contra mí surgieron mucho más tarde cuatro años más tarde.

¿Cuáles fueron sus proyectos en Suiza?

Tenía la perspectiva de un trabajo en Interpol en Lyon. No está lejos de Ginebra y habría sido perfecto. Como jefe de policía, alenté las relaciones con la Interpol y los modernicé, tenía una muy buena reputación en Lyon, ellos me conocían por mi participación en asociaciones internacionales. El idioma no fue un problema gracias a mis conocimientos del inglés. No hubo una oferta concreta, pero Interpol había manifestado interés en principio. También tuve conversaciones con instituciones suizas. Cuando aparecieron las acusaciones de la CICIG contra mí, evidentemente todo se perdió.

¿Cómo se enteró de estas acusaciones?

Fue en septiembre de 2010. Estaba consultando a través del internet el periódico matutino de Guatemala. La CICIG anunció que había abierto una investigación contra diecinueve funcionarios del gobierno de Oscar Berger, entre los cuales incluían mi nombre. Nos acusaron de diecisiete delitos que van desde el narcotráfico hasta el asesinato, el acoso sexual, el robo de automóviles y el secuestro – en fin, una antología completa. Me sorprendió y me indignó. Informé al Abogado Florian Baier, un amigo de la familia. Baier escribió inmediatamente una carta al Fiscal General de Ginebra en ese momento, Daniel Zappelli. Le expliqué dónde vivía, que estaba en todo momento a disposición de las autoridades y le aseguré mi cooperación sin reservas. Una semana después, mi esposa fue despedida de la Misión de Guatemala ante las Naciones Unidas sin motivación explícita, pero con motivo evidente.

¿Qué pasó después?

Durante un año, no pasó nada. En 2011, el fiscal Michel-Alexandre Graber me convocó a su oficina. Me mostró un informe de la CICIG que le había sido enviado desde Guatemala. Durante el interrogatorio, resultó que no había nada concreto en mi contra. Graber anunció una solicitud de asistencia legal mutua dirigida a Guatemala que incluía la solicitud de exponer lo que se estaba llevando a cabo contra mí. Estuve de acuerdo, quería clarificar este caso. De manera espontánea, di mi consentimiento para la divulgación de toda mi situación financiera. Un año después, supe que un nuevo fiscal, el abogado Yves Bertossa, se estaba ocupando de mi caso. Esto me preocupó porque Bertossa está estrechamente relacionado con la ONG TRIAL, como descubrí rápidamente en una búsqueda en Google. Unos grupos de izquierda en estrecho contacto con TRIAL ya habían estado creando un clima hostil en contra de mi anteriormente, aunque fue un asunto completamente diferente. TRIAL incluso había contratado a un detective que estaba espiando mi vida privada.

¿Había pues unas acusaciones anteriores contra usted?

No tiene nada que ver directamente con el procedimiento oficial. Este fue el caso de "Finca Nueva Linda", una ocupación ilegal de tierras, un conflicto armado entre organizaciones "campesinas" o ex guerrilleros en 2004 en Retalhuleu. Esto había sucedido unas semanas después de mi nombramiento como jefe de policía. Por orden del Tribunal competente de Retalhuleu, la policía tuvo que intervenir en ese momento, hubo muertos y heridos en ambos lados. Las ONG de la izquierda “tercermundista” en Ginebra en conjunto con los sindicatos y el Partido Verde quisieron convertirlo en un asunto político. Las quejas se hicieron contra mí e incluso contra mi padre, lo cual era completamente absurdo. Una mezcla ridícula. Una gran investigación en Guatemala mostró que la policía había actuado correctamente. La CICIG ya no hablaba de eso.

Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz, también estaba involucrada en el caso "Finca Nueva Linda". ¿La conoce?

Por supuesto, ella trabajó para el gobierno de Berger como embajadora cultural. Incluso fui a su casa. En contacto personal, ella es bastante reservada, insegura, lo opuesto a sus apariciones en la escena internacional. Pero en Guatemala, también sabemos el camino que ha recorrido con la guerrilla. Su carrera real difiere bastante de lo que aparece en su biografía oficial. Menchu luego se alejó de Berger y cambió de bandera política.

El 31 de agosto de 2012, Bertossa mandó a detenerle. ¿Cómo vivió esto?

Estaba con mi esposa en un estacionamiento en Ginebra, acabábamos de ir de compras. De repente, nos rodearon doce hombres fuertemente armados que nos apuntaron con sus armas. Primero creímos en un atentado o un secuestro. Me sentí aliviado cuando me di cuenta de que eran policías. La operación fue teatral, embriagadora. Bertossa también podría haberme enviado una citación. Él sabía dónde yo vivía.

El fiscal Bertossa consideraba justo detenerle, pensaba tener pruebas contundentes que le involucraran como el autor de una matanza: el testigo Philippe Biret se le había presentado. El francés, que cumplía una sentencia de 35 años de prisión en Pavón por un doble asesinato, afirmaba haberle visto con sus propios ojos matar a los prisioneros durante la intervención en la prisión.

La organización TRIAL había traído a este testigo. Lo que él decía era fácil de refutar. Fui prácticamente filmado durante toda la intervención, todo está grabado en video. Tuve un solo contacto con uno de los detenidos en todo el tiempo, y este reo nos agradeció a las autoridades por intervenir en la liberación de su hija secuestrada estando el en prisión. La prisión estaba en ese momento completamente bajo el control de las mafias. Los asesinatos por impunidad y otros crímenes eran comunes en este lugar. Biret afirma que yo había disparado a en la cabeza de una de las víctimas, -pero no existen lesiones en la cabeza en las autopsias. Todas las lesiones vinieron de balas calibre 5.56, balas de rifle y no de una pistola .9 mm con la que Biret afirma de asesino al detenido. Biret también afirmó que los asesinatos se perpetraron por la tarde, pero los siete presos murieron por la mañana. El lugar donde se suponía que yo debía haber disparado no correspondía a ninguna grabación de video puesto que el cadáver se encontraba dentro de un inmueble y no en la calle que aseguraba Biret. En cada audiencia, Biret se hundió más profundamente en sus contradicciones y mentiras. En la corte, el fiscal y los jueces exculparon estas contradicciones por las posibles secuelas de un trauma. Un círculo vicioso clásico. Los jueces se negaron rotundamente a considerar que fuera lo que fue: mentiras.

Mientras tanto, las acusaciones de Biret ya no están en la mesa, el Tribunal de Apelaciones los desestimó. ¿Por qué Biret le acusó falsamente?

No conozco a este hombre, pero supe por terceros que Philippe Biret había comprado su liberación anticipada al presentar estas acusaciones absurdas contra mí en Guatemala. Así fue todo el juicio, de principio al fin. Los testigos fueron recompensados o presionados para decir lo que querían escuchar los investigadores de ellos. Afortunadamente, todo estaba tan mal maquinado y maquillado que las declaraciones compradas se contradecían entre sí. Nada encajaba. Excepto que no pude hacer nada en mi celda en Ginebra para evitarlo. Si hubiera intentado llevar a cabo investigaciones personales, habría sido acusado de colusión. Por otro lado, la CICIG impidió que las personas que me hubieran exculpado, como por ejemplo mi guardaespaldas, llegaran a Ginebra para declarar

Aparentemente, el fiscal Yves Bertossa no creyó ni el mismo a su propio testigo, Biret. A principios de 2013, hizo una propuesta a sus abogados: si usted admite una ofensa menor e inculpa a otras personas, le permitirá salirse con la suya en un procedimiento acelerado secreto y con una pena de cinco años de los cuales un tercio de remisión. ¿Por qué no aceptó?

Porque no confieso crímenes que no cometí. Y porque no acuso erróneamente a otras personas. Y para dar un ejemplo de rectitud a mis hijos.

Los procesamientos de la CICIG a los líderes políticos y a los líderes de la policía tanto como de las Prisiones en Guatemala y en otros países han conducido posteriormente a la absolución, excepto en su caso. ¿Cuál fue el motivo de estas acusaciones aparentemente infundadas?

Todo comenzó con el asesinato del asesor de seguridad Víctor Rivera en abril de 2008. La investigadora de la CICIG, Gisela Rivera, una abogada de Costa Rica, no pudo resolver el caso. Por orden del nuevo gobierno de Colom, transfirió la investigación al caso de Pavón. Sobre Gisela Rivera pesaba una expectativa fuerte, se

 

necesitaba resultados de una vez. Fue un año después cuando Gisela Rivera abandonó apresuradamente Guatemala. Debido a que ella había presionado a los testigos y llegado a acuerdos secretos, ella misma estaba siendo procesada y se emitió una orden de arresto internacional contra ella. El juicio paralelo de mi adjunto Javier Figueroa, en Austria reveló cómo Rivera procedió con las declaraciones extorsionadas. Figueroa había grabado secretamente la conversación con Rivera. Desafortunadamente, los sucesores de Gisela Rivera no fueron mejores y continuaron con el mismo estilo. La confusión fue total. Al final, los investigadores se denunciaron mutuamente, nadie sabía quién conducía para quién. Los políticos siempre han estado involucrados en este asunto: los Verdes y los socialistas de Ginebra, los Verdes en Austria, las Izquierdas en Guatemala y, en el medio del revuelo, las ONG. Nunca hemos podido hablar sobre investigaciones serias.

¿Bertossa lo sabía?

Claro. Él fue parte del teatro. Bertossa, quien milita en el partido Socialista de Suiza, está vinculado a TRIAL su padre y ex fiscal General es fundador de esta; el fiscal de la CICIG, Carlos Castresana, en su época fue diputado para la "Izquierda Unida" en España, el tribunal de justicia de Ginebra estaba compuesto esencialmente por jueces de partidos de izquierda así como miembros o donantes de Trial. Las redes internacionales de ONG “tercermundista”, sus abogados y sus políticos son increíblemente eficaces. En Austria, el presidente de la corte protestó con vehemencia contra la interferencia política. Desafortunadamente, este no fue el caso en Ginebra. Fue un juicio político de principio a fin.

¿Cómo vivió los procesos en Ginebra?

Pronto me di cuenta de que no tenía ninguna oportunidad. Fue notorio por la actitud de los fiscales y jueces. Me dieron a entender con gestos derogatorios y comentarios que mis declaraciones no les interesaban, que no creían nada de lo que estaba diciendo, que el resultado del juicio había sido definido ante que comenzara y que buscaban solo elementos para justificar de una forma u otra su veredicto.

Esta es una acusación seria. ¿Puede probarlo?

Es difícil probar ese tipo de cosas. Le daré un ejemplo. Para delinear mi papel, el juez tomó como referencia el papel del director de la policía de Ginebra. Queriendo demostrar lo absurdo de esta comparación, traté de resaltar las diferencias de escala: 6000 asesinatos al año, la mayoría no resueltos, en Guatemala contra 6 a 8 homicidios generalmente dilucidados en Ginebra; 24,000 policías contra 3,000; 110,000 kilómetros cuadrados con 15 millones de habitantes contra 16 kilómetros cuadrados con una población de 300, 000 personas - y así sucesivamente. Quería mostrar cuán difícil es juzgar la realidad de Guatemala desde Ginebra. Luego me di cuenta que mis declaraciones sobre Ginebra simplemente no fuero protocolados. Faltaban en el protocolo. Mi declaración adquirió un significado completamente diferente a lo que quise transmitir. Esto puede parecer anecdótico, porque no era una prueba. Pero el chiste fue, que toda la acusación basada en presunciones carente de pruebas. Y, de repente, ese tipo de cosas se vuelven importantes. Hubo innumerables arbitrariedades como esta.

Luego del primer juicio en Ginebra, fue sentenciado por participación activa en la masacre; luego del segundo juicio, se le culpó por su comportamiento supuestamente pasivo. ¿Cómo se explica este viraje de 180 grados al opuesto?

Este es un patrón que se encuentra a lo largo del procedimiento. La defensa refutó una acusación después de la otra, porque las declaraciones eran contradictorias, porque no correspondían con los hechos. Pero después de cada versión que colapsó, surgió una nueva; los cargos fueron cambiados constantemente. Fue como una pesadilla interminable. Excepto que la pesadilla era real. Al final, condenaron conjuntamente conmigo a los presuntos conspiradores que ya habían sido absueltos en el extranjero - sin ninguna acusación formal, sin que ellos hubieran podido pronunciarse, sin defensa legal. ¡No hay nada que agregar a eso!

¿Por qué razón específica ha sido sentenciado?

Bertossa no lo sabe, el tribunal no lo sabe, yo no lo sé, nadie lo sabe. Eso es la locura de esta sentencia. Se ha dicho que mi sub alterno, Javier Figueroa, absuelto en Austria, estaba cerca de la escena del crimen y que, por lo tanto, debo tener algo que ver con los muertos, que había mandado Carlos Vielmann a matar a los detenidos, absuelto en España; y porque yo era el jefe de Figueroa, debo tener algo que ver con eso. ¿Cómo quieres defenderte contra una acusación tan confusa? Es imposible.

¿Cómo se siente uno durante tal proceso?

Impotente, simplemente indefenso. Me hicieron sentir desde el principio: aquí estás solo, eres una caricatura del jefe de policía de una república bananera a quien nadie le cree, contra los fiscales, los gobiernos, las ONG, la ONU, el mundo. Uno no sabe si es mejor declarar algo o si es mejor guardar silencio. Porque cada palabra que dices se distorsionará y lo van a volver en tu contra. Bertossa ni siquiera se molestó en fingir imparcialidad: trató con desprecio ostensible a los testigos de la defensa que habían venido de Guatemala; mientras que los testigos de la fiscalía se alojaban en el mismo hotel con los investigadores de la CICIG, quienes intervinieron cuando los testigos no declararon lo que se esperaba de ellos. Era para volverse loco.

En su opinión, ¿qué estaba pasando en la mente de Bertossa?

Creo que no me percibió como un ser humano, sino como una figura abstracta. Un escalón en su carrera.

¿Pero por qué? La mayoría de la gente en Ginebra apenas sabe dónde está Guatemala. ¿Por qué su condena fue tan importante para un fiscal Suizo?

En Ginebra, se quisiera establecer algo como una Fiscal mundial de los Derechos Humanos. La CICIG en Guatemala era un proyecto-piloto para el enjuiciamiento penal mundial en los que solemos llamar "estados fallidos". Hay ONGs muy influyentes y activas en Ginebra como TRIAL. Recuerda: En el aparato de la ONU de Ginebra se encuentra el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Se quiere completar este aparato con una fiscalía. Yo era el objeto, el ejemplo con el que querían practicar el enjuiciamiento criminal global. Pensaron de tener un caso piloto fácil. Y cuando se dieron cuenta de que no estaba funcionando, comenzaron a torcer y distorsionar.

Pasó cinco años en detención preventiva en nombre de los derechos humanos, aislado en una celda individual. ¿Qué significa esto concretamente?

Una tal detención preventiva en aislamiento total se ordena para quebrantar a una persona: moral, física y mentalmente. No hay otra razón. Estuve encerrado 23 horas al día en una celda de 2,35 metros de ancho y 4,5 metros de largo, un baño, una cama rudimentaria. Conté los días (Sperisen saca un cuaderno), hice una cruz para cada día: 1,849 días, 272 semanas, 60 meses. Cuando los guardias no me olvidaron, tenía 15 minutos al día para ducharme. Una vez al día estire las piernas, solo, durante una hora en una jaula en el techo de la prisión, una de 5 por 6 metros, la otra de 9 metros por 18. Una vez, a veces dos veces por semana, una hora visita de la familia. Mi esposa me visitó 423 veces, a veces con los niños, siempre con un guardia al lado. Mis abogados Florian Baier y Giorgio Campa llegaron respectivamente 198 veces y 63 veces. Vi a mis hijos durante estos cinco años, entre todo y por todo, una buena semana, siempre bajo vigilancia. Anoté todo escrupulosamente. No había nada más que hacer de todos modos. Además, he leído cientos de libros, desde Shakespeare hasta García Márquez, una vez el Corán y cuatro la Biblia. A las 7 en punto de la mañana, los guardias miran brevemente dentro de la celda para ver si todavía estaba con vida, dicen unas cuantas palabras para ver si uno todavía esta con sus sentidos. A las 11 y a las17 horas, nos proporcionan la bandeja de comida, a las 18:30, el personal se va. Hasta el próximo día.

¿No tuvo miedo volverse loco?

Todo el tiempo. Siempre tuve que hacer algo. Se necesita mucha disciplina para no volverse loco. En promedio, tuve tres horas de contacto directo con humanos a la semana.

¿Eso no produce odio, hacia el fiscal Bertossa, los jueces?

Sí. Odio y desprecio. Por supuesto, quisiera que Bertossa y la juez pasaran tantas horas como yo en la celda. Para que sienten y se dieron cuenta lo que hicieron. Pero deliberadamente cerré esos sentimientos. Este odio a mi mismo habría hecho el mayor daño. A ellos que les importaba que les odio. Odiarlos significaría unir mi vida a la de ellos.

Que es peor: ¿cinco años en una prisión guatemalteca como Pavón, donde los detenidos se trasladan libremente - o cinco años en régimen de aislamiento en una prisión suiza?

Eso depende. Un líder de una pandilla tiene todo lo que puedes imaginar en Pavón. Pero el que no tiene dinero vive como un esclavo, privado de toda dignidad humana, sin protección ni ley. Esta era la situación que queríamos terminar con la intervención. En Suiza, es el otro extremo. Todo está reglamentado e hipercontrolado, lo que también conduce a la deshumanización. Una vez le dije a Bertossa: "Una vez intercedimos en Pavón con los registros personales, y esto solo porque en ese lugar y en ese momento había ocurrido una confrontación armada contra la policía; aquí, en Champ Dollon, tuve que desnudarme completamente y dejar que rebuscaran todo después de cada visita de mi familia, a pesar de que un guardia siempre estuvo presente durante la visita y sin ningún pretexto de haber causado problemas.”

¿Su personalidad ha cambiado en estos cinco años?

Ciertamente me he vuelto más pensativo. Cuando tuvimos que salir de Guatemala, sentí que lo habíamos perdido todo: la casa, el automóvil, el trabajo. Después de mi arresto, me di cuenta de que todo esto no era nada, de que podíamos caer mucho más abajo. Hoy, mi familia vive del bienestar social, cinco en un departamento de un dormitorio. No tengo dinero para pagar a los dos abogados, el estado solo paga uno y solo el 50%. Dependemos de su buena voluntad. Se necesitaron dos abogados por la variedad de idiomas. Por otro lado, Bertossa tenía a su servicio un equipo completo de asistentes que no dejó de producir documentos y acusaciones nuevas. Lo peor es haberme perdido los años más importantes de la evolución de mis hijos. Ningún dinero en el mundo puede compensarlo. Ciertamente veía a los niños todas las semanas, pero en una situación que no era natural, como en un laboratorio. Nos damos valor unos a otros, cada uno jugó su papel, preocupado de que el otro no se preocupe. Esto obviamente no es una relación autentica.

¿Cómo se sintió al salir de su celda después de cinco años?

Fue un shock. Me sentía como una persona discapacitada sin muletas, como un emigrante que regresa a su tierra después de un largo tiempo: parece conocido todo y, sin embargo, todo es extraño. A veces me levantaba por la noche y fui a ver a los niños que dormían para asegurarme de que todavía estaban allí. Mi esposa me llevó como un chiquillo a la ciudad cuando tenía algo que hacer.

Parece que la historia se repite. En 1954, el presidente Jacobo Arbenz, hijo de emigrantes suizos de Andelfingen, fue derrocado en Guatemala por un golpe. El entonces gobierno burgués de Suiza le negó asilo y protección con el pretexto de que Arbenz era comunista, lo que era una calumnia tonta. Sesenta años más tarde, Erwin Sperisen, hijo de emigrantes suizos de Niederwil, tiene que dejar Guatemala por amenazas de la mafia. El cantón de Ginebra, gobernado por la izquierda radical, le niega la protección, porque supone que es un extremista de derecha, lo que es una calumnia tonta. Y, peor aún: le hunden cinco años en un calabozo, sin sentencia, basándose en una farsa legal. ¿Por qué Suiza trata tan mal a sus propios nacionales?

No lo sé. Suiza sigue siendo un país muy ordenado, en muchos sentidos un país modelo. Queremos hacer todo a la perfección, somos más severos con nuestros propios ciudadanos que con los extraños. Lo que me sucedió aquí también podría haber sucedido en otro lado. Pero fue humillante. Ginebra quería quitarle el permiso de residencia a mi esposa después de vivir diez años aquí, con el pretexto de que no podía co-habitar con su marido, ya que yo estaba en la cárcel - a pesar de que mi esposa también tiene antepasados suizos y aprovechó cada oportunidad para visitarme, a pesar que nuestros hijos son ciudadanos suizos. Mi padre tuvo que renunciar a la ciudadanía suiza porque la cancillería Suiza quería que retirara su acreditación diplomática ante la ONU después de mi arresto - ¡argumentando que no podía trabajar como diplomático internacional en Suiza siendo suizo! La Secretaría de Estado para la Migración ha encargado un peritaje legal considerando quitarme la ciudadanía suiza. No fue legalmente posible. Pero ese tipo de cosas son amargas, y te hacen reflexionar. ¡Y duelen!

Una vez más, ¿por qué Suiza trata a sus propios ciudadanos tan mal?

Mi abuelo se fue de Suiza porque quería más de lo que este país podría ofrecerle. Tal vez no le perdonaron esto. No lo sé. Sentí por primera vez este rechazo cuando fui a la escuela para reclutas en Suiza. En Suiza, no les gusta que alguien apunte demasiado alto, que alguien demuestre demasiada iniciativa. Es mal visto. Es como si el rebaño rechazara a las ovejas que se atrevieron abandonar la manada. He escuchado esto en la boca de otros suizos en el extranjero.

¿Cómo ve su futuro?

Primero, tengo que terminar este juicio. Debo restaurar mi honor. Esa es la única cosa que aún puedo dejarles a mis hijos. Si no pude darles más, al menos no deberían sufrir el estigma de tener un padre injustamente condenado.

En Guatemala, su reputación parece apenas dañada. En Facebook, tiene 30,000 seguidores, los comentarios son todos favorables.

32,000 seguidores! Fue mi hermano quien creó la página. No estaba realmente enterado y me sorprendió gratamente este apoyo. Medio millón de usuarios vieron mi mensaje de video publicado por mi hermano después de mi liberación.

¿Volverá a Guatemala cuando todo esto termine?

No lo sé. Me siento guatemalteco. Pero mi familia tiene su base en Ginebra, es poco probable que mis hijos quieran mudarse.

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12. Sobre el autor

Alex Baur nació en 1961 en Suiza donde hizo sus estudios y se graduó de periodista. Trabajó como reportero y redactor en periódicos conocidos suizos (Neue Zürcher Zeitung, Tages-Anzeiger) y revistas importantes alemanas (Stern, Geo). Durante varios años vivió como corresponsal en las Américas, cubriendo acontecimientos en todo el continente. Actualmente es editor del semanario suizo Die Weltwoche. Sus reportajes e investigaciones fueron laureados con premios renombrados. Baur también es autor de varios libros. El texto presente sobre el caso Sperisen es un extracto de su última obra que lleva el título La maldición del Bien. El libro publicado originalmente en alemán abarca una variedad de reportajes investigados en distintos países, pero todos tienen un denominador común: En el nombre de la buena causa, se comete y se justifica las peores estupideces y los crímenes más atroces. Alex Baur vive con su esposa peruana en Zürich y en Lima.

 

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